Vistazo a los hechos: ¿Quién podrá defendernos?  

Por Gabriel Zapata Correa 

Sin lugar a dudas, el principal problema que tiene el país en este momento, es el de la ocupación de tierras que se viene presentando, inusitadamente desde que llegó al poder el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. 

Este problema que tiene visos de un enorme conflicto social de incalculables proporciones y consecuencias, ya se viene produciendo en 10 departamentos del país, pero con más fuerza en Cesar, Cauca, Huila, Atlántico y Valle del Cauca, y en algunas zonas ganaderas del Magdalena Medio antioqueño. 

Este conflicto, que parece agravarse cada día más, ya enfrentó al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien salió en defensa de la propiedad privada, ante la pasividad de la policía nacional, la encargada directa de afrontar el problema y de darle solución inmediata, con base en lo que ordena la ley. 

Propietarios de la tierra y algunos líderes de opinión consideran que el gobierno del presidente Petro ha sido laxo en sus reacciones, y que al ministro Velásquez le ha faltado ser más enfático en hacer cumplir la ley, y que no es suficiente decir que “Pasadas las 48 horas, la Policía solo puede actuar si tiene esa orden judicial”. Porque luego viene un proceso de diálogo y concertación entre invasores y propietarios, antes que un juez emita una orden de desalojo. 

Velásquez defiende las actuaciones de la Fuerza Pública asegurando que, una vez pasan las primeras 48 horas después de la ocupación, el delito tiene un tratamiento jurídico distinto y, por ende, requiere de la orden de un juez para desalojar a los ocupantes. 

“Pasadas las 48 horas, la Policía solo puede actuar si tiene esa orden judicial”, dijo Velásquez, quien también negó haberle dado alguna orden a la cúpula militar de no intervenir. 

En contraste, sí reaccionó con energía en defensa de la ley fue la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien emitió una alerta en la cual le pide al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, que actúe de forma inmediata, y lo amenaza con eventuales investigaciones disciplinarias si le ordena a la Policía Nacional que no intervenga ante las denuncias de ocupaciones ilegales. 

Para la procuradora Cabello Blanco, “se requiere de una mayor actuación para defender el derecho a la propiedad privada”. Y de manera terminante les ordenó a sus procuradores territoriales actuar “de inmediato” cuando reciban denuncias y desalojar a los invasores dentro de las 48 horas iniciales. 

Aunque el ministro de la Defensa se molestó, la procuradora general, Margarita Cabello, fue más allá. Y les dijo a los medios radiales, que la Policía “se está quedando quieta cuando la orden es defender las propiedades”. 

Pero hay una denuncia más grave, porque la procuradora dijo haber “escuchado en pasillos” el rumor que había una orden directa de no hacer nada ante las invasiones. Y por eso anunció categóricamente investigaciones y sanciones disciplinarias. 

Aunque el coronel Edgar Cárdenas, Subjefe Nacional del Servicio de Policía, asegura que la Ley los ordena a esperar la autorización de un juez cuando las comunidades ya llevan más de dos días de invasión, las denuncias siguen creciendo en distintos sitios del país, con el agravante que los invasores se hacen acompañar de menores de edad para que la policía no pueda intervenir. 

Según las quejas de muchos propietarios, la laxitud de las autoridades propicia un diálogo y un proceso de concertación con los invasores que gira alrededor de sus necesidades de tierra y de las promesas del nuevo gobierno de repartirla entre quienes no tienen donde caer muertos. 

¿Qué se respira en el ambiente? Preocupación e incertidumbre, hasta el punto que muchos propietarios de fincas vienen contratando empresas privadas de seguridad y armando personal para defender sus propiedades de posibles invasores. ¿No estamos ante el resurgimiento de las autodefensas? 

Creo que es indispensable que el Gobierno salga categóricamente a desautorizar la invasión y ocupación de tierras, y sin apreciaciones ambiguas y laxas como las del ministro de Defensa, Iván Velásquez, les dé las órdenes pertinentes a la Policía para que actúe sin contemplaciones contra los invasores, en el marco de la ley, claro está. 

El respeto a la propiedad privada está contemplado en la Constitución, y contra esta no puede atentar ni la izquierda ni nadie.