Vistazo a los hechos: Un presidente golpista

Por Gabriel Zapata Correa 

Para decir la verdad, un tufillo golpista nos dejó la intervención del presidente Petro ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, exigiendo justicia para Pedro Castillo, el destituido exmandatario de los peruanos por un intento de golpe de Estado. 

Tal vez la única voz del establecimiento político en Colombia que se puso de su lado fue la de Petro. Porque hasta connotados voceros de la izquierda, como su aliado a morir Gustavo Bolívar, calificaron la actitud de Petro Castillo como un “suicidio político”, al igual que otros integrantes del Pacto Histórico, y varios aliados más del mal llamado “Gobierno del Cambio”. 

Pero duele también que nuestro presidente quiera desconocer que contra Castillo avanzan serias y rigurosas investigaciones por diversos actos de corrupción, de los cuales ha beneficiado directamente su bolsillo. ¿La corrupción por encima de la democracia? 

Esta acción antidemocrática demostró que Castillo equivocó su camino, y por eso lo abandonaron sus ministros, Tribunales de Justicia, gremios y las Fuerzas Armadas, y todos a una sola voz calificaron el autogolpe como un delito contra la democracia. Solo al presidente candidato de Colombia, Gustavo Petro, considera que a Castillo se le violaron sus derechos. 

Por esta frase llovieron numerosas reacciones contra el presidente candidato Petro: “Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.  

Esta frase del presidente Petro ha producido mucho malestar e inconformidades en todos los sectores de la opinión colombiana, incluidos los empresarios, porque a todos nos frustra saber que tenemos un presidente que simpatiza con esta clase de acciones en contra de la democracia. Una reacción que explica muchas de sus actitudes desde antes de llegar a la Casa de Nariño, como por ejemplo, su manifiesta e inocultable antipatía con las Fuerzas Armadas, y el haber nombrado a un ministro de la Defensa, Iván Velásquez, que se muestra en la misma línea. Más claro no canta un gallo. 

Nos satisface que la respuesta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, fue contundente y casi inmediata:  La CIDH “reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”. 

Y no se hizo esperar Human Right Wacht, entidad que dirige para América Latina la excongresista colombiana de izquierda, Juanita Goebertus, y que arremetió expresamente contra el “intento del expresidente de socavar el estado de derecho en el Perú mediante un autogolpe de estado”.   

¿Será coincidencia que estas dos instituciones, guardianes de los derechos humanos y de la democracia, hubieran reaccionado casi en forma inmediata a los trinos del presidente colombiano? 

En el concierto internacional una voz como la del presidente candidato Gustavo Petro que defienda la anarquía y los golpes contra la democracia no suena bien, simplemente porque se está poniendo de lado de los gobiernos autocráticos, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua, por ejemplo, donde se han violentado los derechos humanos en forma permanente, y cuya acción criminal no ha merecido una sola frase de protesta del mandatario colombiano. Ahora nos explicamos por qué. 

También nos complace que la reacción de la institucionalidad en el Perú fue inmediata. El mismo jueves Perú amaneció con una nueva presidente, Dina Boluarte, después de la turbulenta jornada en la que se amenazó con el cierre del Congreso y una declaración de vacancia en contra de Pedro Castillo. 

Castillo fue hasta este miércoles presidente de Perú. Su gestión de gobierno, salpicada por numerosos actos de corrupción, duró apenas 18 meses. El hombre fue capturado y enviado al penal de Barbadillo, el mismo donde está recluido otro expresidente, quien también cerró el Congreso, Alberto Fujimori. 

Este jueves, el Poder Judicial de Perú informó en su cuenta de Twitter que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por flagrancia de Castillo por un plazo de siete días hasta el 13 de diciembre. 

No podemos desconocer que la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Human Right Wacht es un campanazo de alerta contra cualquier gobierno, incluido el del presidente candidato Gustavo Petro, que quiera coger el rumbo de Venezuela y Nicaragua o que intente repetir el fracasado acto de Pedro Castillo en el Perú. 

Nos queda ese mal sabor de no saber hasta dónde llegan las pretensiones de Petro, aunque también nos consuela saber que ni sus áulicos seguidores coinciden en sus sentimientos golpistas.