Vistazo a los hechos: ¿El gobierno Petro está comprando las reformas?

Por Gabriel Zapata Correa 

Tienen que ser muy serios los indicios sobre el escándalo de corrupción, denunciado por el exsubsecretario de la Unidad de Gestión de Riesgos, Sneyder Pinilla, para que el presidente Gustavo Petro, en un acto público desde Huila, le hubiera pedido la renuncia a su consejera para las regiones, Sandra Ortiz y a su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.

Eso quiere decir que el mandatario se anticipó a las investigaciones y le dio toda credibilidad al exasesor de Olmedo López en la UGRD, quien dio tantos detalles en sus revelaciones, que no deja lugar a dudas sobre los hechos denunciados.

Tenemos que decir que este escándalo es mucho peor que el de Centros Poblados del Gobierno de Iván Duque, quien, pese a todas las denuncias con pelos y señales, en una actitud vergonzosa, mantuvo a su ministra Karen Abudinem hasta donde más pudo y en contravía de la opinión pública.

La gravedad de las denuncias de Sneyder Pinilla radica en que parece dilucidarse una estrategia organizada por funcionarios del alto gobierno desde Palacio, con el fin de “financiar” la compra de las reformas en el Congreso. ¿Y por qué desde la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, y antes del 29 de octubre?

Muy sencillo. Porque como se trata de una entidad para atender emergencias, no está cobijada por la Ley de Garantías, por lo cual no necesita licitación para la compra de los carrotanques con destino a atender el problema del agua en La Guajira. Y, además, como lo sugiere Sneyder Pinilla, necesitaban el dinero urgente, seguramente para comprometer a los congresistas, y dejar radicada la reforma pensional antes de terminar la legislatura del 2023. Era un tiempo precioso que debía ganar el gobierno, como en efecto sucedió.

Dice Pinilla que la entrega de este dinero “se cocinó tras varias reuniones de Olmedo López con el ministro Luis Fernando Velasco y con La Consejera para las regiones, Sandra Ortiz”. Esta mañana se conoció que estas reuniones se hicieron en el Hotel Tequendama.

“Fueron como dos o tres maletas, en cada una metí un recurso. La entrega de Name se hizo en dos días y la entrega de Andrés Calle se llevó a cabo en un solo día”, le dijo el exfuncionario a Semana.

“Ahí nació el contrato de los carrotanques para conseguir el recurso y poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle. La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023) en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad, venga, hágame un favor, présteme 4 mil millones de pesos… Ese contratista me presta los 4 mil millones y son los que yo posteriormente entrego”, dijo Pinilla.

Pinilla añadió: “había un afán muy grande de entregar el recurso, pero no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto”.

Sneyder Pinilla fue más detallado en su descripción: “A Iván Namese le entrega a través de un mensajero que tiene. Y yo con esa persona hago el trámite. Un día entrego una parte y al otro día, entrego la otra parte, ahí si juntos vamos y entregamos completa”.

Para hacer entrega de estos dineros, Pinilla se tomó dos días. “Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano, entregó ahí y ya luego me salgo”, detalló el funcionario, quien precisó que la persona sí tuvo comunicación con otro implicado, pues le informó que ya todo “estaba listo”.

Y luego aseguró que la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, jugó el papel de “mensajero” para el presidente del Senado, pues según su relato, ella hizo la entrega de las maletas con 3 mil millones de pesos.

La forma como se han comportado los presidentes de Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, explica el desarrollo de este entramado, para hacerle el juego al Gobierno con la reforma pensional. La más evidente, cómo Iván Name se ausentaba del recinto y dejaba a la vicepresidente María José Pizarro, del Pacto Histórico, presidiendo las sesiones.

Sneyder Pinilla no ha apagado el ventilador. Porque manifestó que conoce los nombres al menos de 15 congresistas que recibieron plata de este escándalo, cuya trascendencia es incalculable por los costos que tiene para la imagen del gobierno.

Las investigaciones de la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía deben conducir a aclarar si quienes protagonizaron este escándalo, con ministros y altos funcionarios a la cabeza, como lo dice el denunciante, buscaban “financiar” las reformas del Gobierno en el Congreso.

Al menos esa es la pregunta que los colombianos nos estamos haciendo ahora, frente al peor escándalo de corrupción que protagoniza tristemente el gobierno del cambio.