Por Gabriel Zapata Correa (foto)
Es increíble y en la misma proporción inaceptable, que el presidente Petro y su equipo de gobierno nos quieran someter a su ideología y activismo políticos aún por encima de la realidad jurídica por la cual nos hemos regido históricamente, en el marco de la Constitución y la ley.
Ahora el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, poco amigo de las Fuerzas Armadas y escaso solidario en momentos difíciles como los de San Vicente del Caguán y Toribio, Cauca, se suma al titular del Interior, Alfonso Prada, para calificar de “retención” el secuestro de varios soldados, por parte de un grupo de indígenas.
La nueva controversia surge con la fulminante destitución del director nacional de la policía, Henry Armando Sanabria, indudablemente por aquellas declaraciones del jueves 23 de marzo, cuando habló sobre el secuestro de los 79 policías en San Vicente del Caguán, ocurrida a principios de este mes, y reveló detalles que hasta el momento no habían salido a la luz.
En un principio la guardia campesina había condicionado y exigido la presencia del presidente, Gustavo Petro, para dejar en libertad a los uniformados. Sin embargo, en vista de que esto no era posible, el ministro Prada optó por ceder a la segunda petición y ofrecerse a sí mismo como garante. Esta revelación del general Sanabria es histórica:
“El señor ministro en algún momento fue constreñido por estas personas que, primero, supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y, en segundo, que, si en el documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces, el señor ministro dijo: “coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí”, pero es claro que fue un secuestro”, reveló el director de la Policía.
Según relató el general Sanabria, fue necesario entonces catalogar el acto de retención, no como secuestro, sino como un “cerco humanitario”. De lo contrario, no dejarían salir a los uniformados y “hubiera pasado lo que ellos planeaban: sacar por vía fluvial, en tres grupos, a los policías”.
Lo vulgar, lamentable y humillante es que el gobierno, con sus ministros Alfonso Prada y el de Defensa Iván Velásquez cedieron a un cobarde chantaje, no solo para liberar a los policías, sino para hacerles modular el lenguaje, e implementar un nuevo vocablo al delito de privar de la libertad a unos servidores de la patria: “retención” y “cerco humanitario”.
Es una vergüenza cómo determinados grupos que ejercieron toda clase de presiones violentas, algunas delictivas, en contra del pasado gobierno, asumen el control en determinados territorios, con el respaldo de los ministros del Interior y de Defensa, sometiendo la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas.
El ministro de la Defensa trató de lavarse las manos en el Congreso y dijo que “solo para recordar lo que dicen los artículos 168 y 169 del Código Penal: arrebatar, sustraer, RETENER u ocultar son los verbos que describen el delito de secuestro en Colombia. ¿Cuál es entonces el escándalo?”.
Por eso respaldamos la tajante respuesta del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, esta semana, aprovechando el secuestro de 16 militares por un resguardo indígena, justo cuando estaban en un operativo de captura de un miembro de una organización criminal.
“Pongámosle un poquito de seriedad al país y digamos las cosas con claridad, secuestro es secuestro, no hay las tales retenciones. Esa es una entelequia que se le ha venido diciendo al país; secuestro es secuestro y por eso seguiremos investigando esas conductas en el marco de la tipificación del código penal que establece el secuestro”, afirmó el jefe del ente acusador.
Y luego manifestó que “estas no son simplemente negociaciones, estos no son cercos, estos son violaciones al código penal».
En este marco conceptual, cualquier grupo o movimiento social puede secuestrar a agentes de policía o a soldados en cumplimiento de su misión, amparados en los precedentes que han protagonizado dos ministros de Estado, los titulares de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alonso Prada, con la venia del presidente Petro, obviamente.
Estamos asistiendo al sometimiento del Estado de Derecho. Nuestra democracia ha entrado en un túnel oscuro, bajo la autocracia activista de un gobierno ciego que nos quiere imponer su ideología al cualquier precio.
No nos callaremos ante la indignidad que estamos viviendo los colombianos.
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