La pésima imagen que tienen los colombianos del Congreso de la República y su bajo concepto de favorabilidad que escasamente llega al 25%, están relacionados directamente con los altos niveles de corrupción que cobijan a la clase política, los cuales se reflejan en los numerosos escándalos que salen a flote casi a diario.
Tal vez los actos de los congresistas que más hieren la dignidad de los ciudadanos de bien, son aquellos que directa o indirectamente tienen que ver con las decisiones que los pueden favorecer… La gente no es boba y sabe interpretar cuándo el Congreso está legislando en beneficio propio.
Por eso el mayor reto que tiene el Congreso de la República, en el período legislativo que se inició ayer, es tratar de mejorar su imagen de corrupto.
Uno de los golpes más fuertes que recibió el legislativo en este primer periodo del año, fue haber hundido el proyecto que busca eliminar el beneficio de la casa por cárcel para los funcionarios públicos corruptos. ¿Esto qué significa? Que los funcionarios públicos implicados en actos de corrupción, podrán pagar sus condenas en la comodidad de sus residencias.
Lo más increíble es que la iniciativa estaba para la conciliación, pero entre la misma ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, y los presidentes de las dos cámaras, Ernesto Macías y Alejandro Carlos Chacón, se encargaron de enredar los trámites en la radicación y luego con los conciliadores, hasta hundir el proyecto.
Lo cierto es que la conciliación del artículo 10 que pretendía modificarla prisión domiciliaria, no fue radicada a tiempo en la Secretaría de la Cámara de Representantes. Todo parece indicar que la responsabilidad de que el expediente no hubiera llegado a tiempo, fue del presidente del Senado, Ernesto Macías.
Pero Macías se lava las manos: “el Senado Cumplió con todos los requisitos de trámite que se exigen para una Ley. Infortunadamente el proyecto no fue anunciado para la conciliación”. Y le echa la culpa a la Cámara. Y en esta corporación Alejandro Carlos Chacón levantó la sesión para ver un partido de la Selección Colombia. ¿A quién se le tira la responsabilidad? ¡Al Congreso!
Fíjense que a la hora de la verdad a nadie se le puede echar la culpa, lo cual demuestra que había un interés general en proteger el privilegio de la casa por cárcel para los funcionarios públicos corruptos.
Pero hay otros ejemplos que acaban de mostrar la real imagen del Congreso, como una corporación que actúa sospechosamente…
Esta semana el presidente Duque objetó el proyecto de depuración normativa que fue aprobado en junio pasado por el Congreso, por el cual se caerían cerca de 11.000 normas entre leyes y decretos que los promotores de la idea consideraban obsoletos.
Allí se incluía, por ejemplo, derogar la Ley 600, que según la Fiscalía “no puede desaparecer” porque allí actualmente se adelantan un gran número de investigaciones. El desbarajuste jurídico sería de grandes proporciones. Dice la Fiscalía que “a mayo de 2019 se tramitan aproximadamente 81.338 investigaciones en el régimen de la Ley 600”.
La voz de alerta la dio la Corte Suprema de Justicia, porque según ella se verían afectados 848 procesos o expedientes que se tramitan en la actualidad.
Según El Nuevo Siglo, la “Corte indicó que todos los procesos contra aforados constitucionales se tramitan por Ley 600. Esto es 237 procesos en la Sala de Casación Penal, en segundas instancias o recursos de revisión o casación; 520 en la Sala Especial de Instrucción, básicamente contra servidores y exservidores públicos, y 91 en la Sala Especial de Primera Instancia”. Más claro no canta un gallo, sobre quiénes se beneficiarían con la eliminación de la Ley 600.
Pero eso sí, nunca se sabrá quién o quiénes fueron los cerebros de este orangután que lograron meter en junio pasado.
Estos son apenas dos ejemplos que quedaron grabados en la memoria de los colombianos.
¿Ah, y el engorroso tema de la mermelada, por falta de la cual algunos de los partidos que se le arrodillaron a Santos, han decidido bloquear al Gobierno del presidente Duque?
Como ven, el reto del Congreso no es fácil. El país está hasta la coronilla con la corrupción, y el hastío por los últimos escándalos de Odebrecht en la campaña de Santos superó los límites de la razón…
Le llegó la hora al Congreso, si de verdad se compromete a combatir la corrupción, o si quiere seguir revolcándose en ella.
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