La SIP repudia la “la ley mordaza” a la prensa, apoyada por el presidente Duque

@IvanDuque  

• La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, considera que es un ataque a la libertad de expresión. 

Quedó cocinado el artículo en Cámara y Senado que, de ser aprobado, se convertiría en una mordaza para la prensa, según conceptúa la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. 

La ‘ley mordaza’ establece hasta 120 meses de prisión y una multa que puede alcanzar los 1.500 salarios mínimos, para quien incurra en su supuesta violación. 

Este polémico articulito, que cuenta con la venia del presidente Iván Duque (foto), de la procuradora General Margarita Cabello, y de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez, está incluido en la ley anticorrupción. 

La censura a la prensa en los presuntos casos de injuria y calumnia fue aprobada tanto en Senado como en Cámara de Representantes.  

«El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses», dice el artículo. 

Además, establece una “multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que 

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, consideró un ataque a la libertad de prensa el proyecto de ley que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos 

Este artículo, presentado por el representanteCésar Augusto Lorduy de Cambio Radical, es un ataque a la libertad de prensa según la SIP, y representa un “peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”. 

Jorge Canahuati (foto), presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para “erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa”. Canahuati, CEO de Opsa, de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido; “es una herramienta para callar a medios y periodistas”. 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo: “Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas”. Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: “Nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia”. 

Tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela. 

Canahuati y Jornet expresaron que la ley en Colombia es una nueva ley mordaza. “Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente”. 

“Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales”, concluyeron. 

Por su parte Asomedios aseguró que no hay una relación entre esa disposición con el objeto de la ley, que debería ser evitar actos de corrupción precisamente en el sector públicos que los funcionarios representan. 

“La tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o exfuncionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”, sostiene la asociación.