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El Consejo de Estado aceptó la demanda interpuesta por el abogado Carlos Mario Patiño, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra ocho congresistas que participaron en la “vaca” promovida por el expresidente Uribe y el de Antioquia Andrés Julián Rendon, para financiar las vías 4G en Antioquia.
Según el abogado Patiño, hubo una posible violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, debido a que la donación voluntaria se puede entender como un posible acuerdo contractual, acción prohibida para los congresistas según el artículo 180-2 de la Constitución Política de Colombia.
Patiño sostiene que los congresistas no pueden suscribir contratos con entidades públicas y territoriales. Y la norma dice que la sanción sería la pérdida de la investidura.
Entre los congresistas cuestionados se encuentran:
- Paloma Valencia: Senadora del Centro Democrático.
- Esteban Quintero: Representante a la Cámara por Antioquia.
- Andrés Guerra: Representante a la Cámara por Antioquia.
- María Fernanda Cabal: Senadora del Centro Democrático.
- Juan Fernando Espinal: Representante a la Cámara por Antioquia.
- Hernán Darío Cadavid: Representante a la Cámara por Antioquia.
- John Berrio: Representante a la Cámara por Antioquia.
- Julián Peinado Ramírez: Representante a la Cámara del Partido Liberal.
Según el demandante: “Los demandados incurrieron en la causal Primera del artículo 183 de la Constitución, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el entendido que incurrieron en la causal de violación de este régimen establecido en el artículo 180- 2; Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno”.
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