El presidente Gustavo Petro, había solicitado, en días pasados, incorporar los resultados obtenidos en los procesos adelantados en Estados Unidos a las investigaciones que se siguen en Colombia.
El mandatario dijo que con ese propósito ordenó a la Cancillería «utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano».
El Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht en el país para que se le adjudicara el contrato de construcción de la carretera Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país.
El pasado viernes la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al Grupo Aval «de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)», por lo cual ese conglomerado acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de «enjuiciamiento diferido» por lo cual pagará 20 millones de dólares.
Tras ese anuncio, Petro criticó al exfiscal general Néstor Humberto Martínez -con el que está enfrentado políticamente- por su presunta relación con el caso como abogado del Grupo Aval, que además de Corficolombiana incluye empresas del sector financiero como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Multibank y el fondo de pensiones Porvenir, entre otras.
«La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: Un fiscal general de la nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares», expresó ayer el presidente.
Según datos revelados en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África.
Sin embargo, la Fiscalía colombiana calculó, en la época de Martínez, en 84.000 millones de pesos (unos 20,8 millones de dólares de hoy) el monto de los sobornos de la constructora en el país.
En este contexto, el jefe de Estado solicitó a la Fiscalía «reabrir los casos, si es necesario, del proceso Odebrecht-Aval y hallar los destinatarios de los sobornos».
«Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana», agregó Petro.
Corficolombiana, por medio de otra empresa llamada Episol, es uno de los mayores inversores en infraestructura vial en Colombia con participación en concesiones de varias carreteras del país. (Con datos de Asuntos Legales e Infobae).
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