Discurso embrollador

Por Carlos Alberto Ospina M. (foto)

Algunas actuaciones de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, se asemejan más a los malabares de pop dance y a las acrobacias circenses que a la aplicación cimentada de la ley y la Constitución Política. Por un lado, va la composición progresista del tribunal transitorio y las supuestas ideas de avanzada que, de forma soterrada, se mueven al interior; y por el otro paraje, circula la posición ambigua para desconocer los derechos fundamentales de las víctimas. En última instancia, privilegiar los beneficios contemplados en el acuerdo de la Habana por encima de las pruebas en contra del inconfeso, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, no demuestra la “duda razonable” acerca de los hechos imputados por la fiscalía, tan solo ilustra el poder fáctico de la JEP al margen de los demás niveles legales.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, hasta la fecha, utiliza el mallete para pisotear los derechos reales de las víctimas y en cambio, salvaguardar a los excombatientes de las FARC-EP. Esta vez, el ejercicio se basa en combinaciones arteras con el objeto de justiciar un fallo difuso: “ATENCIÓN. @JEP_Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a @FiscaliaCol disponer libertad inmediata.” (@JEP_Colombia). ¿Por qué no se practicaron otras pruebas?  La Sección de Revisión en su auto 030 del 15 de mayo de 2019 da la sensación de recurrir a un lenguaje oscuro.

Es norma y resolución lo pactado en relación con los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado y, por tanto, la garantía de no extradición. Otra puerta muy diferente reside en la falta de escrúpulos al momento de la selección y la observancia de los instrumentos encaminados a imponer justicia a un individuo que, como Jesús Santrich, se niega a pedir perdón a las víctimas, no ha dicho la verdad ni ha reparado a nadie y menos aún, se ha comprometido a no seguir delinquiendo. ¿Quién puede negar que las FARC “fueron” promotores, comercializadores y distribuidores de narcóticos? Acá y allá, impera la armonía y la coherencia corporativa.

A voz en cuello, varios alardean que el conflicto armado integral terminó después de 50 años. No es cierto. El mayor problema de Colombia gira en torno a la droga. El sesgo parte de desconocer la responsabilidad material, logística y moral de las Farc en la expansión de los cultivos ilícitos. Hoy de las 250 mil hectáreas sembradas de coca, un porcentaje grande estuvo al amparo de la economía guerrillera y paramilitar. El delito trasnacional germinó de la mano, la protección, la explotación y las alianzas de esos actores con distintos carteles y estructuras criminales. Cada día está más desarrollada y violenta la infraestructura situada en múltiples zonas del país. Quizá y sin quizá, por esto, gaguea Timochenko, Rodrigo Londoño Echeverri, cuando se le pregunta sí ellos “fueron” narcotraficantes.

No se observa la oración de ciego y el recogimiento espiritual en el video que involucra a Santrich con la presunta confabulación para exportar cocaína. Ahora bien, unos dirán que las imágenes muestran la creación de un proyecto productivo con miras a enviar juguetes a México. Al mejor estilo del “Tío Rico” de Gustavo Petro, babeándose con los fajos de billetes, no hay ninguna duda de la autenticidad de ambas grabaciones.  A estos dos sujetos con extenso historial punible no se les puede olvidar, ni tampoco hacerse los sordos, en cuanto a la razón de ser de la reincorporación, el indulto o la amnistía que, suspende o sustrae la pena, pero no la culpabilidad. “A otro perro con ese hueso”. Idéntico estándar se debe considerar para los miembros de la Fuerza Pública, los agentes del Estado, los exmilitantes de las Farc y terceros civiles que se acojan a la Jurisdicción Especial.

El salvamento de voto de la magistrada Gloria Amparo Rodríguez desvirtúa la teoría del caos o el presunto aire de complot contra del Tribunal de Paz. Su enfoque está dirigido a proteger la autonomía e independencia de las ramas del Poder Público: “Esto significa que, la obligación de extraditar o juzgar debe ser aplicada bajo los parámetros más estrictos con el objetivo no solo de honrar la lucha contra la impunidad, sino también el Acuerdo de Paz y las garantías y seguridades que fueron otorgadas a todos aquellos que entregaron sus armas, a las víctimas y a la sociedad en general” ¿Disentir significa atacar el pacto de paz? No.

En ese orden de ideas, la magistrada Claudia López, también salvo su voto en el fallo de no extradición de Jesús Santrich: “La suscrita ha considerado, de tiempo atrás, que en el presente caso no se requerían pruebas adicionales para determinar la fecha precisa de la conducta atribuida al señor Hernández Solarte, por cuanto la acusación extranjera es suficiente para ese propósito”. En resumen, 3 votos a favor y 2 en contra de la garantía de no extradición de Santrich.

En este tiempo lo que menos importa es la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien desembuchó su real agenda política a pesar del conflicto de intereses con el grupo Aval y la maraña de Odebrecht; entre otros asuntos que saldrán a la luz pública, mientras disimula su aspiración presidencial. El foco de atención debe centrarse en el camino institucional y el ordenamiento jurídico a fin de cerrar el paso a la impunidad. Hacer caso omisión a los discursos enredadores, venga lo que viniere.