La Fábrica de Licores de Antioquia, la FLA, es quizás la industria licorera más importante del país. Su entronización en los más de 100 municipios antioqueños y año tras año en la Costa y otros departamentos se debió, sin duda alguna, al empeño paisa que no lo tienen otras regiones, pero, también, a la picardía antioqueña que a la hora de los negocios se vuelve ventaja.
La FLA, en contrario de todas las empresas licoreras de los demás departamentos del país, nunca ha sido ni inscrita ni catalogada como “empresa industrial y comercial del estado”. Ella es, por algún sapiente y ventajoso gobernador de antaño, una dependencia más de la Secretaria de Hacienda Departamental.
Como tal no está sujeta al impuesto de renta y complementarios ni debe presentar declaración de ingresos y patrimonio y no está obligada al impuesto de patrimonio. Y, en especial, no tiene vigilancia directa de las superintendencias.
Dicen quienes han investigado el asunto que esa condición especial le sirvió de muletas a la licorera antioqueña para volverse grande e imperial.
Y lo logró tan solo por la vía de la interpretación legal recursivísima. Legalmente ese privilegio tramposo duró hasta el 21 de junio de 2018 cuando el Consejo de Estado en un fallo a una demanda contra esa ventajota de la FLA obligó a la Gobernación de Antioquia para que adoptara la estructura jurídica que rige en el resto de Colombia.
En ese fallo el Consejo de Estado le daba dos años a la FLA para adaptarse a la normatividad nacional y reactivaba un fallo anterior de hacía 15 años que olímpicamente se pasaron por la galleta los gobernadores antioqueños y que decía casi lo mismo, pero como no tenía plazo límite le fueron mamando gallo año tras año, período tras período.
Pues bien, aunque el plazo dado por el Contencioso se vence el próximo mes, los congresistas antioqueños, actuando como fantasmas habilidosos le metieron un mico, es decir un artículo, el 144, a la Ley 2010 del 2019, mal llamada “Ley de Financiamiento” que textualmente dice “Las empresas de licores de los departamentos conservarán la naturaleza jurídica que tengan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.
En otras palabras, le cambiaron las muletas por unas más modernas a la FLA y puede seguir caminando haciéndole pistola al ordenamiento jurídico nacional y sacándole ventaja a sus competidores.
No sé si la Corte Constitucional actuando de oficio está en condiciones de anular ese artículo, o si el gobierno del descendiente de los montañeros atrevidos de Gómez Plata puede solicitarlo.
Pero lo que si valdría la pena es que los antioqueños de pura cepa, y en especial sus fantasmales congresistas, asuman la responsabilidad de hacerse un juicio ético por tener la dudosa habilidad de reinterpretar las leyes para sacar groseras ventajas económicas en detrimento de los otros colombianos, por supuesto mucho más pendejos que los paisas.
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