No contenta con haber cedido a la tentación de legislar y reemplazar así al Congreso desde el fallo sobre el sistema Upac hace casi 20 años, a la Corte Constitucional ahora le dio por reescribir los acuerdos de La Habana. Y algo más, lo único que faltaba en la ya constante volada de cerca de los magistrados, para quienes la separación de poderes –garantía por excelencia del Estado de derecho– parece importar poco: decidieron asumir funciones en la conducción de la política exterior, una atribución que la Constitución –que la Corte debe hacer respetar– le otorga al Presidente de la República. (Lea la columna).
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