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A dos días de las elecciones, y cuando el senador del Partido Liberal, Mario Castaño se aprestaba con toda seguridad a recibir la noticia de su reelección honorable congresista de esa colectividad, la Corte Suprema de Justicia decidió llamarlo a indagatoria.
El alto tribunal tomó la decisión después de recibir unas copias de la investigación de la Fiscalía, en las cuales se señala a Castaño como el presunto líder de una red de corrupción que direccionaba al menos 50 contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Chocó y Risaralda. Con esa maquinaria se apropiaron de al menos 60 mil millones de pesos.
Como dato curioso, pese a que la Fiscalía General ya había detenido a nueve de sus compinches, y compulsado copias de la investigación a la Corte Suprema, el director del Partido Liberal, César Gaviria, se quedó de brazos cruzados esperando a que el máximo tribunal investigara, para no perder los votos del senador Castaño, algo más de 75 mil.
Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al senador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño. El funcionario es acusado del delito de concierto para delinquir agravado.
En los documentos, la Fiscalía señaló que Castaño tenía el objetivo de obtener porcentajes de contratos públicos y ubicar personas en cargos públicos en varios departamentos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, empresarios y particulares frecuentaban al congresista para ser beneficiados con contratos y le habrían pedido ubicar personas en el SENA seccional Caldas, la Procuraduría, la Contraloría, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Los hechos ocurrieron en Manizales y Bogotá y el senador lograría en dos años contratos por 43.000 millones de pesos, de los que tendría la mayor parte junto con su asesor Juan Carlos Martínez.
El ente investigador también sostuvo que los imputados habrían cometido el delito de extorsión durante enero y marzo de 2021: “Constriñeron a varias personas a que entregaran una utilidad ilícita”, dijo el fiscal del caso.
A su vez, señaló que desde la entidad detectaron 16 casos en los las personas tenían que pagarle a la red con el primer mes de sueldo recibido.
“En un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República (Castaño), supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10 % del valor total de cada uno”, agregó la Fiscalía.
Por el caso también fueron vinculadas ocho personas más que harían parte de la red criminal, entre esas están: Daniela Ospina, Lorena Cañón, Santiago Castaño (no es familiar de político), Marcela Castaño, Juan Carlos Martínez y Alejandro Noreña, entre otros. De hecho, la entidad tiene 3500 interceptaciones que mostrarían que los procesados sí estarían involucrados.
Todo parece indicar que la red de corrupción comenzó a recibir datos y pesquisas de estas investigaciones a finales del 2021. Es por esta razón empezaron a tomar medidas para ocultar información, evitaron conversaciones telefónicas y no mencionaron nada sobre los contratos que se estaban adjudicando.
Este escándalo tomó una mayor relevancia teniendo en cuenta que el senador está avalado por el Partido Liberal para volver a participar en las elecciones que se celebrarán este domingo 13 de marzo. (Con datos de El Tiempo e Infobae).
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