*Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín, dos gobernadores de Antioquia y varios contratistas.
*Los presuntos responsables, según la Contraloría, son los exrepresentantes legales de EPM Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, además del actual gerente Jorge Londoño De la Cuesta.
*Asimismo, aparecen Aníbal Gaviria Correa y Alonso Salazar Jaramillo (en sus calidades de Alcaldes de Medellín para la época de los hechos) y Sergio Fajardo Valderrama y Luis Alfredo Ramos (en sus calidades de Gobernadores de Antioquia para la época de los hechos)
*También están en la lista de presuntos otros 17 responsables fiscales —la mayoría miembros de juntas directivas de EPM y de la sociedad Hidroituango— y 12 firmas entre contratistas, consorcios y aseguradoras.
Mediante auto de apertura del pasado 8 de noviembre, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total de CUATRO BILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($4.075.680.000.000), contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.
Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representantes legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 Gobernadores de Antioquia y varios contratistas. (Listado completo).
La suma del detrimento patrimonial se discrimina así:
*DOS BILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.971.400.000.000), a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto.
*UN BILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1.104.280.000.000), por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
El anuncio de esta decisión se hizo en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
Destrucción de valor de la inversión
La Contraloría considera, con base en el Informe de Actuación Especial de Control Excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, y las pruebas allegadas con el mismo, que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables.
La situación descrita llevó además a que a la fecha la hidroeléctrica no esté produciendo ni 1 solo KW de energía.
Esas mayores inversiones no justificadas destruyeron el valor del proyecto, tal y como fue concebido desde su línea de base, generando de esta forma un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida (por $2.971.400.000.000).
Lucro cesante por la no entrada en operación
A su vez, como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica, por los aumentos injustificados del cronograma de obras, que obedecieron a problemas de planeación y errores constructivos, se generó un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo, toda vez que se dejaron de percibir los recursos que se esperaban por la entrada en operación del proyecto ($1.104.280.000.000).
¿Qué sigue?
Tras culminar el respectivo proceso de notificación de este auto de apertura, el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procederá a citar a versión libre a los presuntos responsables y decretará y practicará las pruebas a que haya lugar.
Después de este trámite, la Contraloría General de la República procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con los establecido en el artículo 46 de la Ley 610 de 2000 (archivar o imputar).
Apenas 3 meses se llevó tomar esta decisión
La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal se hizo de manera ágil y eficaz, dado que tan pronto la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción recibió el informe de la Actuación Especial de Control Excepcional, destinó un equipo de trabajo altamente calificado que, en el término de 3 meses, analizó el abundante material y profirió la decisión hoy conocida.
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