Con la estrategia CREO puede cambiar la situación del campo colombiano 

Por Claudia Posada 

En el reciente foro “Innovación e inclusión crediticia de la economía popular”, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, recalcó que los pequeños productores agropecuarios serán beneficiados con la estrategia CREO de economía popular del gobierno nacional, que apunta a cubrir las necesidades de financiamiento de las unidades productivas de baja escala, y señaló allí mismo que “esta propuesta tiene un significado trascendental para el sector agropecuario. Es una de las apuestas más importantes de este gobierno, llegarle con financiación barata, enseñarles a entrar al sistema financiero, porque una vez que entren al crédito de fomento, entran a toda la política a la que no han tenido acceso”.

También en su intervención recordó que en la Comisión de Crédito Agropecuario se ajustó la definición de pequeño productor y quedó aprobada al precisar que son aquellos cuyos ingresos anuales no superan los 50 salarios mínimos, y poseen un patrimonio mínimo; reveló que tendrán  líneas de financiación para responder a este tipo de economía popular. “Este es el camino para aumentar la productividad de indígenas, campesinos y afrodescendientes y de todos los productores rurales que hayan pasado momentos difíciles. Recordemos que el 85 % de lo que consumimos se produce en Colombia y gran parte lo produce el pequeño campesino. El 15% que importamos explica el 65% de la inflación, de tal manera que llegarle al pequeño productor y lograr sustitución de importaciones en esta pequeña agricultura va a ser una de las grandes apuestas”.

Allí también intervino el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para destacar que la estrategia CREO se diseñó con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ocampo dijo que “Esta estrategia se erige como la más inclusiva jamás ejecutada en Colombia y apunta a cerrar desigualdades históricas y generar financiación accesible y flexible, como una palanca clave para potenciar la generación de capacidades, el bienestar financiero y la transformación de las condiciones de vida de la economía popular”. Y es que la meta es promover la colocación de un millón de operaciones de crédito para colombianos que no tienen acceso a financiación formal.

Imposible, al enterarnos de lo anterior, no recordar lo planteado en el libro Los nuevos amos de la Tierra, escrito por Stefano Liberti, periodista italiano que investiga asuntos políticos y sociales con impacto en el mundo; en éste, él hace  un detallado análisis del capitalismo agrario, ese acaparamiento de las tierras que enfrentan Estados deseosos por garantizar abastecimiento de comida a sus ciudadanos y cómo, con financieros ambiciosos, inversores ávidos por multiplicar ganancias en la conmoción de la dicotomía: acaparadores ignominiosos y agricultores pobres que son expropiados, hay una carrera desigual por la tierra  en la que se afecta gravemente un bien primario fundamental como lo es la comida. Liberti expone su pensamiento basado en entrevistas, visitas a poblaciones y a países que van desde Etiopia hasta la selva amazónica, fundamentado en reportajes rigurosos como periodista de investigación que habla de política internacional en el periódico italiano Il Manifesto; además, en otras publicaciones italianas y extranjeras, trabajo que le ha merecido el premio periodístico Marco Luchetta, y el reconocimiento Guido Carletti, creado para destacados en el periodismo social. Stefano Liberti se apoya en las fuentes mismas del fenómeno, para exponerlo en Los Nuevos amos de la Tierra, visitando países como Etiopía, Arabia Saudita, Tanzania, Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Ya es hora de que en Colombia la agricultura utilice cada vez más la tecnología para transformar la forma en que se producen abastos; es imperante que el campo colombiano se mueva hacia prácticas sostenibles y tecnológicamente evolucionadas al mismo tiempo que se reducen el impacto ambiental y los sistemas de cultivos con daños al suelo y a la producción.  Los agricultores deben emprender técnicas de agricultura orgánica y sin plaguicidas para reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de los alimentos cosechando alimentos frescos al reducir la dependencia de insumos y otros suministros importados. Esto se logra en la medida en que se sigan liderando propuestas como la estrategia CREO.

Al hablar de mejores condiciones nutricionales de la población colombiana con hambre, cabe recordar los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que trabaja por un mundo libre de la malnutrición, en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar los niveles de vida de todos sus habitantes, especialmente de los más pobres; y de forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental: “Estamos comprometidos con el acompañamiento técnico a las instituciones gubernamentales y comunidades rurales en los ámbitos de nuestra experiencia y mandato, con base en las prioridades del Estado Colombiano y en cooperación con las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, cumpliendo con el Marco Programático de País 2021-2024 y el Marco Estratégico de la FAO 2022-2031”.

No se puede aceptar bajo ningún modelo cultural instaurado en Colombia, por más ancestral que se diga, el incumplimiento del Artículo 44 de nuestra Constitución: “Son derechos básicos de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada […] Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia”. Y es que precisamente en comunidades de “mandamientos” propios, es en donde más se vulneran los derechos de los niños al desconocer las obligaciones para con ellos en cuanto a la alimentación y la salud. Por lo demás, también en todo el territorio, en zonas urbanas y rurales, se ven centenares de casos en los que, a la población indigente de todas edades, pero particularmente a la de ancianos abandonados, se les están desconociendo derechos contemplados en la Constitución Política, Artículo 46: “El Estado, la sociedad y la familia participarán en la protección y asistencia de las personas en la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará servicios de seguridad social integral y subsidios alimentarios en casos de indigencia.”

Y mientras todo esto sucede, desde el Congreso colombiano se hacen visibles legisladores que hacen reclamos y llamados de atención ridículos, sin mirar que hay asuntos más importantes como trabajar en concertación con los gobiernos de turno para garantizar un mínimo alimentario a niños y viejos desatendidos cruelmente.