El pasado 17 de enero un ataque terrorista convulsionó a Colombia. El ELN explotó un carro bomba en una escuela policial en Bogotá, que dejó 21 muertos -entre ellos el guerrillero que conducía el vehículo- y 68 heridos. El atentado significó el levantamiento de la mesa de diálogos de paz y con ello la incertidumbre de un escalamiento de la violencia, como prevén los expertos. Y, además, se reactivaron las órdenes de captura contra los delegados del grupo insurgente abriendo una polémica que ha generado división internacional. A todas luces, un panorama complejo.
El presidente Iván Duque decidió dar por terminada la negociación con el ELN luego de que el grupo terrorista aceptara su responsabilidad, que ya había confirmado el Gobierno Nacional, en la explosión de 18 kilos de pentolita en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, donde estudian jóvenes para pertenecer a la institución. Pese a que miembros del Comando Central (Coce) afirmaron desconocer el plan -adjudicado al Frente Oriental en cabeza de alias ‘Pablito’- alegaron a través de un comunicado que fue una «operación lícita» dentro del derecho de la guerra.
En el documento, el grupo guerrillero afirmó que el Gobierno no tuvo en cuenta su «gesto de paz» al declarar cese de actividades criminales en las fiestas de fin se año pasado, que cumplieron «rigurosamente» entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019 pese al «incumplimiento del Estado», que «realizó ataques militares en contra del ELN en todo el territorio nacional». A la vez, expresaron que «el camino de la guerra no es el futuro de Colombia», sino «la paz». Sin embargo, la salida negociada ya no es una opción, las vías por ahora serán militares.(Lea el análisis).
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