Alminar: ¿Ministra o verdugo de un gobierno criminal?

Paraísos del crimen, centros gubernamentales de tortura y de violación de los derechos humanos

José León Jaramillo Jaramillo 

Si bien es cierto que el presidente Duque y su brillante ministro de salud han manejado, con lujo de  competencia, el problema pandémico del coronavirus que afecta a los colombianos no privados de su libertad, no es menos cierto que el manejo que le han dado, el presidente y su muy politiquera ministra de justicia, al mismo problema, en cuanto afecta a los presos, quienes para ellos, al parecer, son ciudadanos de quinta, ha sido vergonzoso, desastroso, criminal e indiscutiblemente violatorio de los derechos humanos.

Las “soluciones” que ofrece, el decreto 564 del 14 de los corrientes, para aliviar el hacinamiento carcelario son burleteras, inaplicables y criminales, por decir lo menos, pues el manejo que el decreto le da a la situación, es similar a la que le dio al Mono Jojoy a los policías y militares secuestrados, a quienes mantenía encadenados en campos de concentración parecidos a los de los nazis, sin que podamos olvidar que es indiscutible, que el responsable del hacinamiento carcelario y del estado de cosas criminal, inmoral, DIABÓLICO, infernal e inconstitucional, que prima en las cárceles colombianas, es el gobierno o, si se quiere, el irresponsable Estado colombiano.

Es indiscutible que Colombia carece de un sistema carcelario controlado por el Estado, pues las que llamamos cárceles son, en realidad, paraísos del crimen, depósitos de desechos humanos, centros gubernamentales de tortura y de violación de los derechos humanos, que el presidente, la ministra de justicia y del derecho y aun el Fiscal General desconocen y por ello escribo esta columna.

El Estado de cosas en las cárceles colombianas es criminal, pues la guardia está por fuera de los patios, en razón de que son los presos, los delincuentes más fuertes y avezados y no el Estado, quienes “administran” los patios, como les viene en gana y “controlan” a los demás presos. Cada pabellón es manejado por un “duro”, por un jefe, quien controla el patio como que fuera su pequeña oficina criminal y por ello todo tiene un precio, pagadero en dinero o en especie a ese duro, al “cacique del patio, papá.”

Las cárceles son un infierno donde el me too es juego de niños y donde el comercio de todo lo ilícito está al orden del día. El profesor Nodier Agudelo Betancur, uno de nuestros mejores penalistas,  en sus notas a la obra cumbre de Cesare Beccaria, describe a las cárceles colombianas, así: Nuestras cárceles son antros en dónde …: la falta de alimentación, de espacio aún para el sueño, de asistencia médica, la desnudez; la violación de los jóvenes presidiarios; también la violación de las hermanas, de las esposas, o de las hijas que llegan el día de visita a ver a sus seres queridos, so pena de muerte en el transcurso de la semana para quien no se aguante y “cante”  la ignominia; la corrupción del personal de vigilancia, reflejada en el tráfico de drogas y de armas que se da al interior de los centros penitenciarios; el celestinaje en la prostitución heterosexual y homosexual; “la venta de patios” y cambuches; el pago semanal o mensual de “cuotas” de vigilancia;  la falta de control del poder de los funcionarios administradores de la prisión, lo cual conduce a que la suerte del preso esté a la disposición de la voluntad omnímoda de quién regenta; en fin,…”pág. 41 ¡Se quedó corto!

Todo lo anterior está documentado en videos y en prolijos informes de procuradores judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y en sentencias de la Corte Constitucional; evidencias, estudios, diagnósticos y propuestas de solución a las problemáticas, que duermen el sueño de los injustos en los anaqueles oficiales, pues han sido despreciadas por presidentes, ministros de justicia, fiscales generales, procuradores generales, jueces y magistrados, quienes indudablemente son cómplices de lo que en las cárceles acontece, por haber tolerado que el Estado se hubiera convertido en criminal, al permitir que este estado de cosas inconstitucional, sea el que rija las cárceles y que se sigan pisoteando de contera los tratados internacionales sobre derechos humanos. Estado criminal que como diría el maestro Agudelo, es débil con los fuertes y tirano con los débiles.

Estado de cosas inconstitucional que viene siendo denunciado por la Corte Constitucional desde hace más de veintisiete (27) años, como lo reconoce el mismo gobierno, en la parte motiva del cuestionado decreto 546 del 14 de abril de 2020, al citar las sentencias de tutela: “T -111 de 1993, T-576 de 1994, T-409 de 1995, T-1585 de 2000, T-310 de 2005… ”, emanadas de nuestro máximo tribunal de justicia.

Con otras palabras, el gobierno, los jueces y las autoridades de policía, pisotean todos los derechos de los presos, derechos de los que no fueron privados por las sentencias de condena proferidas en su contra, olvidando que, al recluir a una persona en la cárcel, todos los citados, asumen la posición de garantes de sus vidas y de sus demás derechos, ante la imposibilidad del preso de satisfacerlos por sus propios medios. Pisotean sus derechos a la vida, a la salud, a su alimentación, a su recreación, a su seguridad y la de los suyos, a su rehabilitación e igualmente pisotean los tratados internacionales, al permitir, a ciencia y paciencia, que se sigan cometiendo todos los crímenes que diariamente allí, en las cárceles colombianas, se cometen y, lo más grave, el problema no les importa, como tampoco les interesa la creación de una prisión ética, realmente controlada por el Estado. Por lo anterior nuestras prisiones requieren con urgencia de un Defensor de los presos.

Este cargo debe crearse y ser ocupado por un jurista que reúna los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Constitucional, quien deberá ostentar poderes omnímodos para solucionar los problemas carcelarios, adoptando las soluciones que en derecho correspondan, las que deberán tener la fuerza de una sentencia judicial, ello ante la incapacidad absoluta que ha demostrado el ejecutivo, en el cumplimiento de sus funciones en materia carcelaria.

Al presidente se le olvidó que lo elemental es lo fundamental y sobre todo que un ministro realmente ejecutivo, es quien no aplaza o demora la adopción y la puesta en marcha de las medidas no solo necesarias sino urgentes, para evitar que un virus se extienda a la población carcelaria, para no lesionar derechos fundamentales tan importantes, como el de la salud y el de la vida de los privados de la libertad.

Se le olvidó al presidente que es misión suya y de su ministra de justicia, la de velar por la salud y por las vidas de los reclusos cuya custodia está en manos del Estado  y, por lo tanto, en las suyas, como garantes que son de aquellas, pues aquí se cacaraquea que no hay pena de muerte, pero mantener la actual situación carcelaria se convierte de facto en una ejecución medida por decisiones judiciales y que, por lo tanto, durante esta dura crisis pandémica y carcelaria, el gobierno se ve obligado a volverse muy creativo.

Por lo tanto, en mi opinión, el gobierno debió haber creado un comité multidisciplinario, menos santanderista y leguleyo, al  que debieron haber invitado  a dos ex magistrados de la Corte Constitucional, para evitar que el alto tribunal le metiera palos a las ruedas del  decreto por expedirse y para encontrar con ellos soluciones prácticas, a corto, mediano y  largo plazo, tendientes a superar el salvaje, criminal, diabólico e irresponsable problema del hacinamiento carcelario en Colombia, el cual es conocido por el Estado desde muchísimos años atrás, lo que obliga y obligaba al ejecutivo a  adoptar, por lo menos, soluciones como las que propusieron el señor Contralor y el señor Fiscal, tales como la consistente en utilizar temporalmente los hoteles u otros inmuebles de la SAE, solución que igualmente recomienda la doctora Elda Patricia Correa, docente de la maestría en derecho penal de la Universidad de Medellín, pero ampliándola a los inmuebles privados, en los siguientes términos: “…Usar inmuebles privados o de la SAE…Es claro que en esos inmuebles se necesitará vigilancia militar, en su perímetro externo; policial, en un anillo interno y el INPEC,  participaría en la coordinación de cada centro de detención. Como es obvio, estas medidas descongestionarían las grandes cárceles nacionales. Es claro igualmente que se deberá retirar de las habitaciones objetos peligrosos y coordinar con proveedores externos la alimentación y la adquisición de elementos de aseo para que, cada interno, adecue y limpie su habitación.  Es claro, igualmente, que el Estado  deberá contratar  pólizas de seguros para garantizarles a los propietarios de los inmuebles privados o a la SAE las reparaciones por daños, pero todo es cuestión de coordinación.” u adoptar alguna de las demás propuestas planteadas en distintas columnas de opinión, para ir deshacinando o aliviado el problema y no dejar la solución en manos de los muy incompetentes funcionarios carcelarios y de los jueces de ejecución de penas, quienes se distinguen por su altísima morosidad, frialdad y falta de solidaridad para, como dirían los mamertos, con todos y todas.

El Decreto en comento, con el que nos sorprendieron el miércoles pasado, es un bodrio, un ladrillo que nada resuelve y todo lo niega, porque fue elaborado por carceleros deshumanizados, por adoradores de normas y de incisos, por negadores de peticiones, por personas que necesitan cinco años para proferir una providencia, quienes hicieron primar las sentencias, la mediocridad y la firmeza perezosa de los jueces de mármol, los de ejecución de penas, sobre la salud y las vidas de los reclusos.  ¡Qué escala de valores tan extraña!

Nadie pretendía que lanzaran a la calle o indultaran a los presos, a las volandas.  Lo que se pretendía era que primara algo de inteligencia y también de caridad cristiana, si se quiere. Esperábamos que el gobierno hiciera lo que un gobierno sensato debió hacer y aún debe hacer para resolver la crisis, empezando por construir un sistema carcelario ético: nombrar un ejecutivo competente como ministro de justicia, adoptar medidas eficaces, no sacadas de los códigos, para habilitar de manera temporal y extraordinaria, con la colaboración del sector privado, el número de inmuebles o la creación de las empresas carcelarias necesarias, para deshacinar y humanizar las cárceles. En los Estados Unidos hay “…2,3 millones de presos y 400.000 oficiales de correccionales (y ni hablar de sus familias) viven y trabajan unos junto a otros…” dice el Washington Post.  En Colombia hay 123.434 presos, confinados en 134 cárceles y 6.000 guardianes de prisiones, delinquiendo juntos.

En resumen, el decreto no soluciona ni solucionará nada. Las exclusiones del ineficaz decreto son la prueba plena de que NO se le dio solución al problema del hacinamiento carcelario, constitutivo de alto riesgo para la expansión del virus y, por ello, muchos de los presos van a morir, pues si la ministra necesito 23 días para elaborar el bodrio, un juez de esos de ejecución de penas, antes de un mes o mes y medio, no habrá solucionado nada y que ni se les ocurra nombrar más jueces porque ello sería garantía de mayor congestión, politiquería y clientelismo.

No liberan estos jueces a quienes ya cumplieron sus penas van a liberar a los que apenas han cumplido con un 40% de la sanción, máxime cuando no hacen sino lo que les da la gana y no hay quien les ponga su tatequieto, como tampoco hay quien se los ponga a quienes delinquen en el INPEC.

Las exclusiones, establecidas por el decreto, garantizan que, a duras penas, pueda llegar a salir menos del 3.3% de los condenados, es decir menos de 4.000 presos o, en otras palabras, ellas nos permiten afirmar que no se le dio solución al problema del hacinamiento para evitar la contaminación de la población carcelaria con el coronavirus. Es más, los presos que sean finalmente liberados van a salir a enfermar a todos sus parientes, o, ¿a dónde diablos, van a pasar la cuarentena?

Lo que sí nos queda claro por la dureza de las palabras del señor fiscal, del presidente y de la ministra, es que el estado carcelario criminal e inconstitucional salió más que fortalecido con el bodrio, a tal extremo que la ministra está pidiendo limosna para los presos, pues sabe que con su decreto no serán excarceladas suficientes personas como para evitar la mortandad que ya se avizora, pero que está edificando, en su contra, un crimen de lesa humanidad.

¡Apague y vámonos!