El asesinato creciente de los llamados “líderes sociales” se constituye, además en una evidencia de la debilidad del Estado para proteger la vida de los activistas, en un riesgo fiscal de amplio espectro. Se sabe que distintas autoridades ya han prendido las alarmas por el costo de las demandas contra la Nación que cursan en la jurisdicción contenciosa administrativa alegando que la falta de diligencia estatal para otorgar medidas de seguridad a las víctimas constituye una omisión grave y los familiares de los asesinados tienen derechos a costosas reparaciones monetarias. Por el momento no se tiene un estimado de cuál podría ser el monto de pretensiones en ese acumulado de demandas, pero se pedirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que haga un estudio al respecto y el Gobierno defina una estrategia para hacer frente a este riesgo jurídico y económico. (Caleidoscopio).
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