¿Y al alcalde quien lo ronda?

Por Rodrigo Pareja 

No se trata, ni mucho menos, en las líneas que siguen, convertirme en defensor de oficio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien con su decisión de demandar a constructores y diseñadores de Hidroituango, en cuantía de casi diez billones de pesos, desató la profunda crisis que hoy atraviesa EPM, la empresa insignia de los antioqueños. 

Si bien es cierto tal decisión podía asumirla amparado en su autonomía, también lo es que por tratarse de algo tan extraordinario y de tantas implicaciones hacia el futuro inmediato y futuro de la entidad, lo menos que podía hacer, por cortesía y respeto, era informarla a los miembros de la junta. 

Allá él con sus decisiones y consecuencias, las cuales parece que comenzará a rectificar, según se desprende del anuncio en el sentido de que llevará el caso a la nueva junta directiva, la cual, si quiere comenzar con pie derecho y en camino hacia la recuperación de la normalidad en EPM, debiera echarla para atrás. 

Lo que se pretende con este comentario, es no dejar en el olvido – sepultadas por lo mediático del escándalo que se desató con la renuncia de la anterior junta – las actuaciones, para muchos desafortunadas, de esa junta renunciada, de otras que la antecedieron y de algunos ex gerentes de EPM y ex alcaldes de Medellín que ahora se rasgan las vestiduras, y pasan de agache sobre ellas sin hacer mención alguna, como si el asunto no les incumbiera. 

El punto concreto tiene que ver con el alegre pero irresponsable endeudamiento que permitieron en EPM; el cual es hoy un factor negativo y peligroso que amenaza el propio futuro de la entidad, como lo denunció, con cifras irrefutables en la mano, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. 

Centavo más centavo menos, el patrimonio de EPM en el año 2006 era de once billones de pesos y su endeudamiento llegaba a dos billones seiscientos mil millones; hoy en el 2020, el patrimonio es de veintitrés billones y el endeudamiento, atérrense, alcanza a treinta y tres billones seiscientos mil millones de pesos. En economía hay algo elemental: cuando los pasivos superan el patrimonio de una empresa, esta comienza a perder solidez. 

En este peligroso nivel de la deuda, deben incluirse las desastrosas inversiones hechas por EPM en el extranjero, Panamá, Méjico y Chile, entre otras, ruinosas para el organismo autónomo y que dejaron pérdidas de varios centenares de millones de dólares.  

Inversiones aprobadas, eso sí, por miembros de pasadas juntas y por ex alcaldes que hoy ponen el grito en el cielo y omiten olímpicamente sus responsabilidades en el incierto panorama financiero del momento. 

¿Dónde estaban cuando se aprobaron tales inversiones los ex gerentes Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo, Juan Esteban Calle y Jorge Londoño de la Cuesta y los integrantes de sus respectivas juntas directivas? 

¿Y los ex alcaldes Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Federico Gutiérrez donde estaban y cómo actuaron? 

Si prospera la iniciativa de crear un comité cívico que le haga seguimiento a la crisis actual en EPM, sería muy bueno que no comenzara a actuar únicamente a partir del escándalo mediático que comenzó a principios de este agosto, sino que retrocediera en el tiempo en búsqueda de muchos de los responsables que la tienen en esta preocupante situación económica. 

Como en la JEP, lo que se requiere en este caso es llegar a la verdad plena y tocar los hasta ahora intocables que han manejado a EPM como su caja menor.