Vistazo a los hechos: ¿No tienen un tinte político las imputaciones de la Contraloría por el caso de Hidroituango?

Por Gabriel Zapata Correa

Me atrevo a plantear públicamente las inquietudes que dirigentes políticos y empresarios comentan en voz baja y en tono pausado, sobre las decisiones de la Contraloría General de la República, relacionadas con las imputaciones a exgobernadores, exalcaldes y exmiembros de las juntas de Hidroituango.

Y lo hago porque veo razonables las explicaciones de algunos de los imputados, como los exgobernadores Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo.

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.

Este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones.

Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, 2 gerentes de EPM, 2 gerentes de Hidroituango, 1 gerente de la filial EPMItuango, 2 exalcaldes de Medellín y 2 exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas.

Al abrir el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, se vinculó entonces a 34 presuntos responsables, de los cuales, con la decisión tomada ahora, de forma jurídica y autónoma, por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causa del daño.

Al proferir esta importante decisión, la Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto Hidroituango, trajeron tres graves consecuencias: La primera consecuencia es que se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones).

La segunda es que se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango.

Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.

Y la tercera consecuencia es la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras. Hasta aquí la médula de las conclusiones de la investigación.

Aunque la Contraloría General de la República ha demostrado absoluta independencia en sus determinaciones, encontramos una curiosa coincidencia en sus conclusiones con las líneas que predeterminó en dos columnas de opinión en el diario El Tiempo, el exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas, en respaldo a todas las inquietudes que había planteado también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Y es aquí donde algunos dirigentes y empresarios se preguntan si estas decisiones de la Contraloría no tienen un tinte político, partiendo de un detalle que no es menor, como la candidatura presidencial de uno de los imputados y si nos atenemos a algunas razonables explicaciones de varios de los implicados.

Aníbal Gaviria dice que “el proyecto ha sido diseñado y ejecutado, siguiendo los más altos estándares de la técnica y la ingeniería, por numerosos equipos de profesionales en todas las disciplinas pertinentes, con asesores y acompañamiento nacional e internacional de firmas especializadas de la mayor reputación”.

Agrega que “También tengo la convicción de que todas estas personas, instituciones y empresas han actuado basados en estudios, con criterios científicos y técnicos, y que la gravísima contingencia que afronta el proyecto fue producto de una situación que no tuvo origen ni en dolo o mala intención de alguno de los actores”.

Y el candidato presidencial Sergio Fajardo, explicó que, “para realizar el control y seguimiento a la función delegada, sosteníamos reuniones periódicas, a fin de discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros. En estas reuniones, no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM”.

“Desde 2011 EPM asumió el contrato de construcción, mantenimiento y operación (BOOMT) de la Hidroeléctrica Ituango. A partir de esta decisión, la junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango ejerció una labor exclusiva de supervisión, vigilancia y control del cronograma de trabajos y de costos financieros del mencionado contrato. La junta no tomaba decisiones técnicas de construcción ya que eso correspondía a EPM, quien ha estado a cargo de las decisiones técnicas y su implementación”.

Vale decir que ninguno de los exgobernadores, exalcaldes y exmiembros de la junta de Hidroituango están en la capacidad técnica o tiene experticia suficiente para tomar muchas de las decisiones que cuestiona la Contraloría. Para eso están los expertos nacionales e internacionales contratados por la empresa constructora que es EPM.

Ojalá el final de la investigación despeje estas dudas, y la otra mayor como que esta no sea otra de las piedras que le están tirando contra Antioquia.