Vistazo a los hechos: Los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín son responsables

Por Gabriel Zapata Correa

Sin precedentes en la historia del país las descontroladas jornadas de violencia y vandalismo que se han vivido en el país, especialmente en Bogotá, Cali y Medellín. 

Y sin precedentes también la actitud pasiva y casi cómplice de la alcadesa Claudia López, de Iván Ospina y de Daniel Quintero, quienes, amparados en sus posiciones políticas para disimular en algunos casos, o evadir en otros, sus responsabilidades para garantizarles los derechos a todos los ciudadanos. 

Comienzo por decir que los derechos de los ciudadanos no tienen color político. Los derechos no son de izquierda, no son de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, no son de ningún costado de la democracia, ni la Constitución ofrece ni permite esguinces para que sea violados. Los derechos son los derechos. 

Y también debo afirmar que la autoridad no es de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha. La autoridad no está ubicada en alguna franja sospechosa de la democracia, camuflada en determinado color político para ser aplicada o no de acuerdo a los intereses de algún mandatario de turno, como en el caso de los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín. 

Hay que ser claros. Estos mandatarios extienden el respeto a los derechos a la protesta pacífica en las calles, a los actos violentos de unos delincuentes criminales que salen a las vías públicas a atentar contra la vida de las personas, a acabar con la propiedad privada, contra los pequeños y grandes negocios, a destruir el patrimonio público que es de todos los ciudadanos, bajo el falso sofisma de luchar por la equidad. 

Los alcaldes lo tienen claro, porque brutos no son, que este vandalismo generalizado no es espontáneo, ni genuino. Es pago por las guerrillas terroristas del ELN, las Farc y las bandas del narcotráfico, según lo denunció la Fiscalía General. Y lo saben muy bien que mientras las marchas pacíficas propenden por unos objetivos sociales, en su mayoría justos, estos vándalos delincuentes destruyen la propiedad privada, atentan contra el empleo, contra el ciudadano de a pie, hasta contra el vendedor informal que trata de ganarse el diario para comprar una libra de arroz. 

En el caso particular del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, debo decir que no he encontrado en sus pocas declaraciones sobre lo que ha sufrido la ciudadanía con el vandalismo, una sola frase de condena o de repudio, como si temiera ofender a estos delincuentes desaforados o imponer la autoridad que le confiere la Constitución.  

Es más, prefirió dejarnos en manos de Dios, con este trino: “Únanse a mis oraciones para que como colombianos encontremos caminos de encuentro y entendimiento, para que no se pierdan más vidas en medio de las protestas y que comerciantes puedan dormir tranquilos sin la incertidumbre de perder lo poco que les dejó la pandemia”. 

(…) “para que no se pierdan más vidas en medio de las protestas”. ¿Protestas alcalde? Vandalismo real y cruel, que se ha convertido en un verdadero atentado callejero diario, ante su mirada displicente y cobarde. 

El alcalde Daniel Quintero ha tenido más valor para tratar de bandidos y corruptos a los empresarios antioqueños, que para salir a defender al ciudadano de a pie que trata de ganarse el pan de cada día, sudándola palmo a palmo sin robarle un peso a nadie, y sin contratos oficiales. 

¿El alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina? Igual de frío y calculador. El mandatario local aseguró que las “manifestaciones estuvieron conformadas por dos aspectos: las personas ejerciendo su derecho a la protesta y los delincuentes aprovechando la jornada para poder delinquir”. Como si estos malhechores criminales no hubieran incendiado hoteles, negocios comerciales, saqueado almacenes, destruido semáforos. ¿Y a propósito, en medio este panorama desolador de Cali, una ciudad sin alimentos, dónde está el alcalde Ospina?   

¿Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López? ¿Recuerdan esa “noche francamente trágica y dolorosa”, como ella la calificó? 10 policías fueron atacados, encerrados y tratados de quemar vivos dentro de un CAI. Es cierto, ella denunció estos actos vandálicos contra la policía los cuales tachó de “realmente insólitos”. Pero es una fría notificación notarial. 

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, les ha dado ejemplo de firmeza y gallardía. 

Es una lástima que el ciudadano, aquel que debe sudarla día a día para pagar los salarios de sus mandatarios, que eligió de acuerdo a la Constitución, vea cómo estos gobiernan bajo los intereses oscuros de unas ideologías políticas sospechosas. 

Y ese ciudadano de a pie que se encomiende a Dios.