Vale la pena recoger las angustias de los padres de familia, de los estudiantes y de las instituciones, muy especialmente de las universidades privadas sobre el presente y futuro de la educación en el país, a raíz de la experiencia de la docencia virtual debido a la pandemia que ha convertido los hogares en salones de clases.
Son demasiadas las inquietudes que vienen surgiendo entre padres de familia y estudiantes. Como es la primera experiencia en esta materia, los principales reclamos tienen que ver con la calidad en la docencia, porque los profesores muestran enormes fallas en la experticia en el manejo de las plataformas, y se evidencia en la dificultad de los estudiantes para asimilar las enseñanzas, hasta el punto que en algunos colegios ya hablan de calificar las pruebas cuando se termine esta emergencia y no son pocos los padres de familia que suplican que se dé por finalizado este año lectivo.
Pero hay otra dificultad mayor que debe contemplar el Ministerio de Educación Nacional. Y es que según los expertos, tan solo el 20% de los estudiantes tienen acceso a los medios virtuales. Lo cual pinta un panorama mucho más desalentador de cara al desarrollo de este año educativo, pero sobre todo en cuanto a la calidad.
¿Vale la pena seguir corriendo el riesgo, o es el momento de hacer un alto en el camino? Porque coyunturalmente viene atado a las inquietudes planteadas el tema económico, porque padres de familia y estudiantes plantean con claridad que no ven justificación en pagar mensualidades y matrículas.
Y obviamente ya comienza a sentirse la repercusión económica en las cajas registradoras de las institución de educación superior, especialmente.
En los anteriores aspectos y en este, ha sido muy timorata la ministra de Educación, María Victoria Angulo, porque tarde que temprano, como Gobierno, tendrá que tirarles el salvavidas, como lo ha intentado el mandatario Iván Duque con otros sectores de la economía, no menos golpeados por esta emergencia casi interminable.
Estos temas no son nuevos para el Gobierno y en particular para el Ministerio de Educación.
El pasado 8 de abril el Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez, realizó una reunión por plataforma virtual con rectores de instituciones de educación superior privadas, con la participación del Presidente de ASCUN, Obdulio Velásquez Posada, para tratar asuntos que han sido presentados con antelación al Gobierno Nacional y compartir nuevas directrices del Ministerio de Educación Nacional.
Las universidades privadas y entidades de educación superior han llamado la atención del Gobierno Nacional por el impacto negativo que ha tenido la emergencia COVID 19 en todo el sector educativo.
Y no es para menos. Primero deben seguir asumiendo los costos naturales de la modalidad presencial y adicionalmente dar todo el soporte para continuar con la programación académica mediada por las TICs.
Para esto último han tenido que ampliar sus capacidades tecnológicas, contratar personal especializado y adquirir equipos.
Las universidades privadas responden por más del 50% de los puestos de estudio de la educación superior, que hoy no solo se enfrentan a un sobrecosto de operación, sino que también corren el grave riesgo de desaparecer, ante la inminencia de una gran deserción de los estudiantes actuales, aparte de una reducción de estudiantes nuevos para el próximo semestre. Hablan que la deserción puede ser superior al 50%
Hasta el momento El Gobierno Nacional, con la indolencia manifiesta de la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, no ha dado ninguna respuesta a las universidades que se vienen manifestando desde que empezó la cuarentena, en una carta remitida por ASCUN, Asociación de Universidades de Colombia, el G10 y el G8, y a nivel individual los mismos rectores que han expresado, por diferentes medios, su clamor general por su difícil situación económica.
Es de recordar que las universidades privadas en Colombia deben ser entidades sin ánimo de lucro y si son reconocidas como ESAL en el régimen tributario, tienen que reinvertir sus excedentes en la misma entidad.
Como expresan los rectores, los resultados económicos de las universidades son precarios y aunque algunas han consolidado un patrimonio después de muchos años, representado en sus campus o en sus edificios, o en equipos de laboratorio.
Aducen que las universidades privadas no reciben recursos de ninguna otra fuente y menos del Gobierno, como en otros países, pese a desarrollar una función social, que en principio le corresponde al Estado y que delega su responsabilidad en gran medida en estas entidades.
En diferentes estudios de esta crisis se ha señalado que 8 de cada 10 familias han resultado afectadas en su situación económica, impacto que se refleja en un altísimo riesgo de comprometer la permanencia y el regreso a la educación para miles de niños y jóvenes.
Las universidades privadas piden que se les conceda un mayor plazo para atender sus obligaciones actuales, así mismo que se habiliten líneas de crédito por FINDETER en condiciones favorables, no más caras del IPC, lo cual no se ha visto hasta ahora, para financiamiento de capital de trabajo, para mantener la nómina de sus empleados, la compra de plataformas tecnológicas, acceso a internet y adquisición de equipos. Y obviamente mayor flexibilidad y agilidad en El ICETEX en los créditos nuevos y en la refinanciación de la cartera actual de los estudiantes.
Como se ve el problema es muy grave y el Gobierno tiene que abordarlo antes que sea demasiado tarde.
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