Vistazo a los hechos: ¿El gobierno se hace el bobo con la invasión de tierras?  

Por Gabriel Zapata Correa 

Se respira un ambiente de anarquía y falta de autoridad en el país.  

El grave conflicto de las invasiones que ya afecta a 14 departamentos, los bloqueos en vías y saqueos a más de 30 camiones de carga en Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, es el mejor síntoma de que la gente está asumiendo soluciones por las vías de hecho, ante la mirada complaciente y las declaraciones ambiguas de los ministros del presidente Petro. 

Ahora, sobre el tema de las invasiones, hay que decir las cosas como son. Ya comenzó a hacer eco en todos los rincones del país el discurso mamerto que la “tierra no es de quien la posee, sino de quien la necesita”. 

Es obvio que esta fiebre de invadir la propiedad privada surgió desde que el gobierno del presidente Petro habló de democratización de la tierra y prepara una reforma agraria que aún sigue en el papel. 

La gran preocupación es que se avecina una inevitable confrontación civil sin precedentes por la invasión de predios privados. Los casos más críticos se han dado en Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y Atlántico. 

El presidente Petro explicó qué deben hacer los legítimos dueños de los predios invadidos: “La ley colombiana desde hace décadas permite que el poseedor de una tierra que sea invadida puede directamente, sin intermediación de alcaldes o de gobernadores o del presidente, ordenarle a la Policía el desalojo”, explicó el jefe de Estado. 

Y sentenció: “Así que eso es lo que tienen que hacer los legítimos poseedores de la tierra”. 

Sin embargo, el conflicto no se detiene y por el contrario siguen llegando centenares de personas, acompañadas de niñas y niños, en una clara estrategia de utilizarlos como escudos de protección ante las autoridades de policía. 

Pero esta declaración a rajatabla del presidente Petro podría generar muchos más problemas, porque los dueños de esas tierras invadidas tendrían la responsabilidad directa de desalojar a los invasores, lo cual los pondría a las puertas de unas graves confrontaciones, de consecuencias impredecibles. 

El discurso ambiguo de Petro desde su campaña que en su gobierno los menos favorecidos tendrían la oportunidad de contar con grandes latifundios para convertir “la tierra improductiva en productiva”, ha generado estas ansias de tierra, a como sea.  

Impávidos los propietarios de sus tierras, indefensos porque no hay quién haga respetar sus derechos consagrados en la Constitución, ven cómo cada día crecen los invasores, muchos de ellos presionados y respaldados por grupos criminales al margen de la ley, como lo denunció el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. 

El panorama no es claro. El Defensor del Pueblo, quien parece mejor informado que el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, hizo esta denuncia y reclamó rápidamente las respuestas efectivas que pongan término a las vías de hecho, porque la tolerancia con las ocupaciones ilegales de tierras y predios privados, que desbordan el marco de lo estrictamente legal, están aumentando. 

Pero el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, es de una laxitud extrema. No ha sido capaz de asumir una posición radical y ejemplar en defensa de la ley. Y en lugar de condenar y repudiar las invasiones, salió a rectificar al director de la policía general Sanabria quien había dicho que detrás de algunas invasiones a predios, estaban el ELN, disidencias y Clan del Golfo (AGC). 

Velásquez desmintió a Sanabria y resaltó que solo se trata de una posibilidad que aún estudian. 

“Sobre lo planteado por el general Sanabria, es una hipótesis que está verificándose. No es una afirmación contundente que estén detrás de, sino que es una posibilidad que se está examinando”.  

Y el ministro del Interior, Alfonso Prada, afronta el tema por otro lado. No se refiere a las invasiones ilegales de la propiedad privada, sino a los tradicionales e históricos problemas de tierras, y menos hace referencia a un respaldo jurídico a los propietarios de los predios invadidos. 

“Tenemos problemas de tierras ancestrales que no se resolvieron con el Acuerdo de Paz y que deben ser solucionados con una Reforma Agraria justa.La respuesta que tiene que dar el Estado a las comunidades afro, indígenas y campesinas reclamantes no puede seguir siendo darles bala”. 

O sea, al ministro Prada le preguntan por manzanas y responde por las peras… 

Las invasiones que tienen orígenes diferentes a las justas reivindicaciones sociales y se nutren de intereses ocultos asociados a economías ilícitas, ameritan respuestas contundentes del Estado. 

Si el Gobierno se sigue haciendo el bobo con las invasiones de la propiedad privada, nos veremos abocados a un conflicto de incalculables consecuencias, porque nadie se va a dejar quitar la tierra a las malas.