Una propuesta nada fácil de negociar

Por Claudia Posada 

Con el asunto del ofrecimiento que hiciera el gobernador de Antioquia (e), Luis Fernando Suarez, en cuanto a venderle a EPM la participación del Departamento en la Hidroeléctrica de Ituango, se nos está demostrando -una vez más- cómo se sientan posiciones contundentes, con la mayor claridad y el análisis juicioso que fundamenta argumentos; lo cual, se sigue viendo escaso en el Concejo de Medellín. Así, reuniendo esas condiciones o características, vuelve a dar cátedra financiera – y de responsabilidad con la curul que ostenta- la concejal María Paulina Aguinaga. Sobre la negociación, todavía en estudio por parte de conocedores  en el Municipio, como en el propio EPM desde luego, y en la junta de Hidroituango,  a la vez que echando mano de expertos externos, no se tiene todavía una definitiva aunque sí, en principio, el interés por parte del alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero Calle; más no sería, tomando el ofrecimiento tal cual lo pretendido y expuesto por el mandatario departamental, sino con algunas consideraciones como contrapropuesta.    

Para el gobernador (e),  de aceptársele la compra de las acciones del Departamento en la Hidroeléctrica, que suman  un 52,88 (La Gobernación de Antioquia 2,14% y el IDEA 50.74%) y en consideración a que el ente autónomo  municipal hoy, conserva entonces el 46,33,  sí se aceptara la compra al Departamento, EPM quedaría con el 99,21; (el restante 1,79 es de los accionistas minoritarios) “Esta sería una decisión conveniente que nos evita un conflicto judicial y está orientada a defender el patrimonio público de la Gobernación, del Idea y del Grupo EPM”,  dijo el mandatario de los antioqueños (e), al mencionar la demanda que cursa en contra de EPM interpuesta desde la administración anterior por parte del actual dueño  mayoritario, el Departamento de Antioquia.  

Volvamos entonces a la concejal María Paulina con su posición plasmada en un oficio dirigido al alcalde de la ciudad y a las respectivas juntas, cuando en el asunto de la comunicación señala: “EPM no debería comprar las acciones de Hidroituango al Departamento de Antioquia”.  Retomamos aquí algunos apartes que dan cuenta, entre otros, de los argumentos de peso que la concejal expone, anticipando que son: “…con el ánimo de contribuir a que se tome una decisión acertada…”: 

“Al estudiar la propuesta, concluyo que por las razones que a continuación expongo,EPM no debe adquirir estas acciones. Financieramente el proyecto Hidroituango no es viable, pero se debe terminar para mitigar las pérdidas y los riesgos de las comunidades aguas abajo. Los sobrecostos, hasta ahora, se calculan en $7,1 billones, equivalentes al 63.4% del valor inicial, adicionalmente, se han pagado cuantiosas multas y sanciones con el riesgo de tener que asumir otras. Con respecto al pago de los seguros, mencionado por el señor Gobernador (e) en el periódico EL COLOMBIANO en la edición del domingo 25 de julio de 2021, es importante aclarar que, según las cifras suministradas por EPM, el valor de los seguros no sujeto a indemnización por lucro cesante asciende a $3,71 billones y por responsabilidad civil a $578.000 millones, faltando el valor correspondiente al seguro todo riesgo. Además, informó EPM, que el impacto comercial por la contingencia asciende a $6,46 billones en el periodo 2018-2023”.  

Y agrega la concejal: “Por si lo anterior fuera poco, existen incertidumbres técnicas respecto al vertedero, que ha estado operando de forma continua durante varios años, que además lo tendrá que seguir haciendo aun entrando en operación las primeras unidades de generación. En cuanto a la casa de máquinas, a pesar de los anuncios de su pronta recuperación, hay dificultades para acceder a algunas zonas. El taponamiento definitivo de todos los túneles presenta retrasos y todavía no está listo el túnel para garantizar el caudal ecológico”.  

La financiera y concejal Aguinaga Lezcano, con relación a otras preocupaciones tocó otros aspectos igualmente para pensar: “Adicionales a las incertidumbres financieras, técnicas, sociales, jurídicas y ambientales, se suma la incertidumbre respecto a la fecha de entrada en operación comercial del proyecto, la cual puede verse afectada por la medida preventiva vigente impuesta por la ANLA, a la licencia ambiental, la cual no será levantada hasta que EPM entregue el peritaje exigido y haya el respectivo pronunciamiento sobre el mismo. Dicho peritaje debía ser entregado en enero de 2019, no obstante, el contrato con la firma Poyry responsable del dictamen, ha tenido una adición en tiempo de más del 762% y en dinero del 226%; lo más preocupante, se habla de un nuevo aplazamiento para finales de 2021. Es decir, la ANLA no tiene insumos sobre que pronunciarse”.  

Imposible no reconocer que, en general, los nombres del Centro Democrático,  como el de la misma concejal María Paulina, llegaron a ocupar curules desde el 2016 en concejos y Asambleas Departamentales, prácticamente sin hacer campaña, por lo tanto, consiguieron votos siendo desconocidos; simplemente, fueron inscritos en las listas por designación del líder del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para ese momento él era, como se dice en el argot político, el de la mayor capacidad de “arrastrar” electores para sus listas, en todo el país. (Como igual sucedió para Cámara de Representantes y Senado) La admiración que rápidamente despertó Paulina Aguinaga en el Concejo de Medellín, hizo que se comentara entre analistas políticos y líderes comunitarios que, “Saca la cara por el Centro democrático”, mientras otros van más allá al decir que “Su único pecado es ser del CD”. (Lo hemos leído en redes sociales). 

Volviendo a la negociación pendiente, por su parte, el Municipio de Medellín hace algunos días divulgó una comunicación que  dice en algunos de sus apartes: “En relación con la propuesta del gobernador de Antioquia (e), Luis Fernando Suárez Vélez, recibida este jueves 8 de julio, de venderle a EPM la participación de la Gobernación y el Idea en la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, correspondiente al 52,88%, la empresa analizará con sus equipos técnicos, jurídicos y financieros los alcances de esta y la conveniencia para la organización”. Tenemos entendido que continúan en los análisis justamente necesarios para una decisión que no es ni mucho menos de poca monta. Y en el mismo sentido, hay pronunciamientos más recientes que sugieren cómo la indecisión sigue. 

Para los entendidos, hay un componente en los argumentos del mandatario seccional (e) con un gran peso racional: Se trata del litigio que está ahí, en medio, y que podría demorar para resolverse, entre 15 y 20 años, dicen ellos.