Transición energética y transformación económica

Por José Hilario López 

El Gobierno Nacional acaba de presentar el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 (PND), “Colombia, potencia mundial de la vida”, que para que se convierta en ley, el Congreso de la República tiene plazo hasta el próximo 7 de mayo para analizar, estudiar, debatir y aprobar el documento. El PND estima una inversión pública total durante el cuatrienio por $1.154 billones, de los cuales $138,4 billones se destinarán a la convergencia regional; $114,4 billones a la transformación productiva y la acción climática; $743,7 billones para lo relacionado con la seguridad humana y la justicia social; $46,1 billones para el derecho a la alimentación; $28 billones para el ordenamiento del territorio alrededor del agua y $83,4 billones para estabilidad macroeconómica.

Entre las principales metas del PND se destacan: actualizar en un 70% el Catastro Multipropósito; bajar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros generados por las explotaciones del carbón y del petróleo para hacer una transición hacía las energías limpias (hidrógeno verde, eólica, solar, hidráulica, entre otras) y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas a los campesinos sin tierra para la reforma agraria.

Lo primero que hay que destacar es que en proyecto presentado por el Gobierno Nacional reconoce que para la sostenibilidad fiscal y para la transición energética, que lleve al país a una economía verde, se requieren los ingresos generados por la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) y del carbón, una revisión del discurso anti petrolero y anti minero, donde resalta el criterio técnico del Departamento Nacional de Planeación. Si el país quiere agregar, como se propone en el PND, 2.000 MW de capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovables no convencionales se requieren cuantiosos esfuerzos financieros, y sobre todo políticas claras y estables que incentiven la inversión privada en estos proyectos.

La transición energética necesita el concurso del sector privado para la materialización de proyectos productivos que generen los ingresos que, en el mediano y largo plazos, reemplacen la economía dependiente de los combustibles fósiles. En efecto, el PND busca incrementar al 56,3 % la participación de las exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios en el total de exportaciones.

La inversión pública para cumplir con las metas del PND asciende a $1.154,8 billones, con la cual se espera apalancar inversión privada durante este cuatrienio por valor de $949, billones de 2022. La principal fuente de financiación pública en el PND, con una participación del 50%, será el Presupuesto General de La Nación. En segundo lugar, con una participación del 23%, proviene del sistema General de Participación, conformado por las transferencias del Gobierno Central a las entidades territoriales para cubrir los gastos asociados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, principalmente. En tercer lugar, están los recursos propios de las entidades territoriales que tienen una participación del 13%. En cuarto lugar, se encuentra las empresas públicas que integran las empresas industriales y comerciales del Estado, nacionales y territoriales, con el 9%. En quinto lugar, se encuentra el Sistema General de Regalías con el 4%, que corresponde al componente de inversión durante los bienios 2023-2024 y 2025-2026 que esté disponible para la ejecución de proyectos de inversión, entre los cuales se busca promover aquellos de impacto regional. Finalmente, se encuentran los recursos de cooperación internacional, con el 1% del total de las fuentes de financiación públicas.

A continuación, un resumen de los proyectos de inversión estratégica de orden nacional, incluidos en el PND en el sector de infraestructura y en el proceso de transición energética y protección de los ecosistemas:

Conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas para la resiliencia climática. Prevención y gestión de riesgo de desastres para la adaptación. Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo energético, impulso a las energías limpias y la explotación de minerales estratégicos, no sólo para la infraestructura que requieren las centrales de generación y transmisión de energías limpias, sino de aquellos mayormente generadores de divisas (agregado del suscrito). Intervención de la infraestructura regional (vías secundarias, terciarias, muelles y aeródromos) que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad climática. Fortalecimiento de la infraestructura y sistemas de transporte férreo, aéreo, fluvial, marítimo y terrestre. Inclusión productiva y financiera de pequeños y medianos productores rurales; promoción de la agroindustria sostenible y de la agricultura y ganadería regenerativa. Infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Fortalecimiento y construcción de infraestructura física y tecnológica de la educación superior, media y básica, urbana y rural. Fortalecimiento de la infraestructura, los sistemas de información y el talento humano para la atención primaria en salud integral y universal. Reindustrialización, transformación productiva sostenible, economía circular, internacionalización, inclusión financiera e impulso a la economía popular, comunitaria y solidaria; desescalamiento del modelo extractivista. Ordenamiento territorial alrededor del agua y gobernanza para la resolución de conflictos territoriales, sociales, productivos, ambientales, y la adaptación climática.

En resumen, el proyecto de PND es una ambiciosa propuesta en lo relativo a la transición energética hacia las energías limpias, pero que entienda, así lo espero, que la sustitución de una economía dependiente de  los hidrocarburos y de la minería, como es nuestro caso,  es un proceso que se da en el tiempo y que requiere de los ingresos generados por estos sectores tan estigmatizados.