“SE DECLARA INFUNDADA LA CAUSAL 3RA DE REVISIÓN INVOCADA POR JAVIER CADAVID PALACIO”, fue la anotación que apareció el día de hoy en la página de la Corte Suprema de justicia.
Siento rabia y, por supuesto, un enorme sentimiento de impotencia frente a una realidad que se hubiese podido cambiar con los quinientos millones de pesos que, supuestamente, solicitó el Magistrado a través de “Rocha”, un enviado especial que se reunió varias veces con doña Mariela, esposa de don Javier, para asegurarle que podía hacer la diferencia en caso de don Javier.
Así funciona la justicia en Colombia, no se trata de la verdad judicial, ni de la verdad verdadera, se trata de cuánto puede pagar para cambiar los fallos de nuestros jueces y magistrados.
La verdad judicial en este caso la dieron varios miembros de las FARC que declararon, bajo la gravedad de juramento, que habían utilizado a don Javier y a su pequeño negocio en Puerto Venus, un Corregimiento de Nariño en Antioquia, para cobrar una extorsión a algunos ganaderos.
La ratificaron los extorsionados cuando, a través de declaraciones juramentadas ante notaría, manifestaron que don Javier era tan víctima como ellos.
Y la dejó absolutamente clara el Estado Colombiano cuando declaró, a través de Resolución, a don Javier y a su familia como víctimas por haber sufrido los improperios de las guerrillas.
Asistí a una de esas reuniones con “Rocha”, que tengo grabada. Llegó al Éxito de Laureles con un sobrino, necesitaba diez millones como muestra de voluntad por parte de la familia, inicialmente, y después entre quinientos y mil millones, para que don Javier quedara libre.
Fui yo el que aconsejé a la familia a no ceder al chantaje, fui yo el que no permití que se quedaran en la calle para pagarle a “Rocha·, soy yo el responsable de que este fallo se hubiera dado.
Creía en la justicia y pido perdón por haberlo hecho.
Pensé que los Medios de Comunicación podíamos, a través de nuestras investigaciones serias hacer la diferencia. Esa fue solo una ilusión, este es un país que se ha acostumbrado a vender todo, incluso su justicia.
Lo que menos importa es que don Javier, un hombre sesentenario, se esté muriendo en el cementerio de libertades que es el botadero de seres humanos de la cárcel La Paz de Itagüí. A nadie le importa, solo a su familia que ha padecido con él ese calvario.
Me da vergüenza de doña Mariela, de José, Felipe, Camilo y Santiago a quienes he acompañado de oficina en oficina repitiendo la misma historia.
Me da una enorme vergüenza con don Javier, un hombre que lleva casi once años en la cárcel por culpa de una “justicia” injusta.
Pero me da más vergüenza de mis nietos Juana del Mar y Mathías, cuando me pregunten si podemos hacer la diferencia los ciudadanos en Colombia y tenga que decirles que la diferencia la hace la plata y no la verdad.
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