Si vamos a sembrar que sea comida y esperanza

@GobAntioquia @LuisFSuarezV @anibalgaviria 

Por Luis Fernando Suárez (en) de Antioquia

Hemos vivido meses complejos por cuenta de la sindemia que nos ha correspondido afrontar. Como ya hemos dicho, además de enfrentar el covid y procurar la reactivación de la economía, tenemos que seguir combatiendo la delincuencia, la pandemia del odio y la del narcotráfico. Pero una enfermedad que no hemos podido superar desde hace décadas, de manera definitiva y contundente, es la de la guerra que se niega a darnos respiro para generar oportunidades y cerrar la brecha de inequidad en nuestros campos.

Como dijo el escritor británico Aldoux Huxley, “El hecho más sorprendente de la guerra es que las víctimas y sus instrumentos son seres humanos, y que estas personas están condenadas por las convenciones monstruosas de la política de asesinar o ser asesinados en peleas que no son propias”. Tristemente lo hemos comprobado en todas las latitudes. 

Seguimos acompañando la crisis humanitaria de Ituango, generada por la amenaza de ilegales empeñados en sembrar zozobra. Respaldamos a la institucionalidad y promovemos el retorno de los campesinos a sus parcelas para que sigan sembrando vida, con seguridad. También le hacemos frente a la situación de Necoclí, en donde la tragedia tiene varios idiomas y muchos ilegales quieren sacar provecho. Por su puesto también hemos acompañado a los afectados por las lluvias en Ituango, Briceño y otras zonas del departamento. 

Pero quiero insistir en una tragedia que a veces no vemos pero que no podemos tolerar como sociedad: la muerte de antioqueños humildes por causa de las minas antipersonal. En el transcurso del año 2021, se han presentado 17 víctimas por la explosión de estos artefactos, todas de la población civil: 11 indígenas de los municipios de Murindó, Dabeiba, Frontino y Mutatá, 2 campesinos de los municipios de Cáceres y Campamento y 2 menores de edad. 

Como lo expresé esta semana, la Gobernación de Antioquia, en conjunto con el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, los operadores humanitarios, los cooperantes internacionales y otras instituciones, hemos adelantado acciones para atender las afectaciones que trae la siembra de minas antipersonal, tanto de las que han sido sembradas en el pasado, como de las que actualmente siembran los grupos armados ilegales. Nuestra tarea se ha orientado a fomentar el Desminado Humanitario, la Educación en el Riesgo de Minas y la Asistencia Integral a las Víctimas. 

Antioquia hizo y ha hecho un enorme esfuerzo en las más aciagas horas del conflicto armado, para atender a las víctimas de esta práctica, considerada un delito de lesa humanidad; además de brindar apoyo a familiares y comunidades impactadas. Por eso ver multiplicada de nuevo esta práctica de guerra es inadmisible. Nuestro deber como sociedad es exigir que no se tolere más en Colombia. 

Debemos rechazar esa táctica de los grupos armados ilegales quienes, en su objetivo por apoderarse de los territorios, de controlar las rutas para el narcotráfico, para su movilidad y para incrementar sus rentas ilícitas, han venido sembrado estos artefactos que afectan directamente a la población más vulnerable, claramente violentando sus derechos, poniendo en riesgo su vida, su integridad, su libre movilidad, dejándolos sin alimentación, salud ni trabajo. Sembrando terror y muerte en nuestros campos, que deberían proveernos alimentos y esperanza. 

Como un gobierno que defiende, protege y preserva la vida, no podemos ser indiferentes ante el uso indiscriminado de estas prácticas. No podemos ver morir más hombres y mujeres por cuenta de estos artefactos anacrónicos que grupos ilegales como el autodenominado ELN, los residuales de las Farc, el clan del Golfo y otros más, insisten en sembrar en medio de su disputa ilegal por el control de zonas y territorios. Desde la Gobernación de Antioquia los hemos conminado a erradicar su uso. 

Además, hemos convocado a todos los antioqueños, a los organismos internacionales, a los gobiernos amigos de Colombia, para que UNIDOS emprendamos una estrategia que haga visible esta práctica atroz que, según el sistema de información de la Oficina del Alto Comisionado de Paz de la Presidencia de la República, ha dejado entre el 1 de enero de 1990 y el 30 de junio de 2021, 2.613 víctimas en Antioquia. Datos que nos convierten en el departamento más afectado históricamente por el uso indiscriminado de ellos. 

Son tiempos difíciles, para superarlos, lo que corresponde es erradicar la guerra y sembrar esperanza, cultivar los campos con alimentos y oportunidades para todos, en clave de equidad y vida.