¿Quién paga la transición energética? 

Por José Hilario López

La invasión rusa a Ucrania ha puesto de manifiesto la doblez del Primer Mundo con respecto a la reducción del consumo de combustibles, esencial para avanzar en la transición energética hacia las energías renovables no convencionales (ERNC). Mientras los países del G7 exhortan a los países del Tercer Mundo a utilizar sólo energías renovables, Europa y Estados Unidos piden a las naciones del Golfo Pérsico aumentar la producción de petróleo y, por otro lado, Alemania está reabriendo las carboeléctricas.

Una sola persona en el mundo desarrollado utiliza más energía proveniente de combustibles fósiles que toda la energía disponible para 23 africanos o latinoamericanos pobres. Los países más desarrollados se enriquecieron gracias a la utilización masiva de los combustibles fósiles, que hoy en día proporcionan más de las tres cuartas partes de su energía. La energía solar y la eólica proporcionan menos del 3 % de la energía que consume el mundo rico.

Las ERNC son incapaces de suministrar la energía necesaria para la industrialización, transporte de mercancías y personas, bombeo de agua para consumo humano y la operación de la maquinaria agrícola, el equipamiento necesario para sacar los pueblos del mundo no desarrollado de la pobreza. La energía solar y la eólica siguen siendo poco confiables. Sin sol ni viento no hay ERNC. La tecnología de las baterías para almacenar energía todavía no ofrece respuestas satisfactorias. Como afirma Bjørn Lomborg, escritor y ambientalista danés, en la actualidad en todo el mundo sólo hay suficientes baterías para alimentar el consumo medio de electricidad durante 1 minuto y 15 segundos; incluso para 2030, con un el mejoramiento tecnológico previsto para las baterías, éstas durarían menos de 12 minutos.

En estas condiciones, el Primer Mundo durante décadas seguirá dependiendo de los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de Energía estima que incluso si se cumplen todas las promesas climáticas actuales, los combustibles fósiles seguirán constituyendo dos tercios de la energía del mundo rico en 2050. Como dijo el vicepresidente de Nigeria, Yemi Osinbajo: «Nadie en el mundo ha sido capaz de industrializarse utilizando energías renovables y, sin embargo, a África se le ha pedido que se industrialice utilizando energías renovables, cuando todo el mundo sabe que necesitamos industrias impulsadas por gas».

La energía está involucrada en toda actividad humana. Los modos de producción y consumo, los desarrollos tecnológicos, todo lleva la marca indeleble de los combustibles fósiles. Como civilización del carbono, la modernidad se está autodestruyendo, víctima de su propio invento, a medida que siga utilizando la energía fósil como fuerza colonizadora de los territorios de vida de pueblos y ecosistemas. Las próximas décadas serán de perturbaciones ecológicas, sociales y políticas, dramáticas y catastróficas.

En lugar de bloquear el desarrollo de los países del Sur, el mundo desarrollado debería invertir masivamente en investigación y compartir tecnologías con los países pobres: Sólo así se podría asegurar que las ERNC puedan llegar a competir en precios con las energías fósiles. Todos navegamos en la misma nave: nos salvamos todos o la humanidad naufraga.

Veamos el caso colombiano. En el COP 26 celebrado a finales del año pasado en Glasgow, nos comprometimos a reducir en 2030 en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a llegar en el 2050 a la carbononeutralidad (cero emisiones de GEI), compromiso adquirido por un país que produce menos del 0,6% del total de las emisiones mundiales. Por otro lado, Colombia en el mismo COP 26 se comprometió a declarar en 2022 como áreas protegidas el 30 % del territorio nacional. Como si esto fuera poco, en el mismo foro prometimos que para 2030 detendríamos toda deforestación en nuestro territorio. Puro culiprontismo, para decirlo coloquialmente.

The International Crisis Group (ICG), un organismo independiente auspiciado por 30 naciones para cooperar en la solución de conflictos bélicos, como producto de un extenso trabajo de campo realizado a principios del presente año en los departamentos del Caquetá, Meta, Chocó y Cauca, señala que el Gobierno Nacional debería redirigir sus esfuerzos contra los delitos ambientales hacia los actores económicos que impulsan la destrucción de los bosques. En su informe el ICG afirma que los compromisos adquiridos por el pasado gobierno relacionados con el control de la deforestación contrastan con lo observado sobre el terreno. “Si el Gobierno no trabaja los acuerdos de paz, va a ser imposible cumplir con las metas con las que se comprometió en Glasgow”, dice refiriéndose a los puntos relacionados con el medio ambiente consignados en el Acuerdo de La Habana. Entre ellos, frenar la expansión de la frontera agrícola, reintegrar los excombatientes en economías rurales sostenibles, así como avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos y en los proyectos de desarrollo rural en los municipios más golpeados por el conflicto, los llamados proyectos de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Este es el gran reto para el actual Gobierno Nacional, presidido por Gustavo Petro.

No podemos aceptar que la expoliación de nuestros bienes naturales siga sosteniendo el enriquecimiento del mundo desarrollado. Cambiar deuda externa por protección del bosque tropical, propuesta del presidente Petro, y lograr que se nos garanticen mejores precios para nuestras materias primas en los mercados internacionales, es apenas el reconocimiento de nuestro derecho a una justicia retributiva en el nuevo orden mundial que hay que empezar a construir, si queremos salvar la vida en el planeta.

P.S. Estaría de acuerdo con la propuesta de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, cuando le pide a los países del Primer Mundo que frenen el desbordado desarrollo, basado en la sobreexplotación de los bienes naturales del Tercer Mundo, sólo si la complementa en el sentido que lo que se requiere, antes que todo, es que los ricos de todos los países cambien sus hábitos de consumo.