Postura ventajosa  

Por Carlos Alberto Ospina M.

Los ataques desmedidos, la excitación nerviosa y el comportamiento irracional de cierta horda feminista contra la Catedral Primada de Colombia sin duda alguna ratifica que el asunto en discusión no es el aborto seguro ni la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo; tan solo es otra expresión ideológica que contradictoriamente discrimina, aún más, los derechos civiles inherentes a la dignidad humana y al valor jurídico superior relacionado con la libertad de conciencia y de religión. 

La Corte Constitucional declaró “exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y, sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 de 2006” (SIC Comunicado 5, febrero 21 de 2022 Sentencia C-055-22). Es decir, la persona del sexo femenino en la actualidad cuenta con protección de carácter extraordinario por parte del Estado. ¿Cuál es la motivación de fondo al vandalizar y pintar ofensivos grafitis en las paredes del templo? Quizá y sin quizá, consiste en el sonsonete de ‘gobierno opresor e iglesia patriarcal, machista y alienadora…’. En definitiva, hay gente histérica e incoherente que exige igualdad respecto de la Ley, contraponiéndose a los fines de la mayoría de ciudadanos que, dicho sea de paso, la Corte Suprema de Justicia ordenó proteger en la Sentencia STC 7641 de 2020. 

En este tiempo del ‘cambio’ a cualquier precio, y de tirar la piedra y esconder la mano, la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, con su flaca memoria cuestionó la inacción de la policía frente a la violenta incursión de un grupo de mujeres en la plaza de Bolívar de la Capital. López Hernández pasó por alto la forma cómo ella atizó el fuego de las protestas y los ataques contra los uniformados durante el mal llamado ‘Paro Nacional’, puesto que en ese lapso tildó a la fuerza pública de asesinos a causa de la actuación puntual de un integrante del Esmad que desconoció los protocolos acerca del uso de armas no letales, ocasionándole la muerte al manifestante Dilan Cruz. Por su parte, la ultra 

feminista Angélica Lisbeth Lozano Correa, cónyuge de Claudia López, en tono peyorativo señaló a sus pares de ‘estar haciendo un show’. Esa pareja ¿a qué juega? A la postura ventajosa que represente más ganancias de distinta índole, según el vaivén político del momento. La ambición presidencial de ambas, las lleva creer que la vida es una tripla rellena de despropósitos, valga lo que valiere. 

Mientras unos se pasan de listos, la mayoría silenciosa sigue atolondrada e inerme frente a las absurdas posiciones de algunos funcionarios y miembros del actual gabinete que, entre bastidores, urden o maquinan siniestras ideas a favor de los bandidos. El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, está bien enterado de la materia al instante que propuso ‘no procesar a los manifestantes ni por terrorismo ni concierto para delinquir’ (SIC) so pretexto de garantizar la protesta social. Este sui géneris personaje, de manera premeditada, mezcla los derechos ciudadanos con la proposición para delinquir. Osuna Patiño, nada de cabal y justo se ha mostrado para la función central de su cartera, teniendo en cuenta la simplista propuesta de ‘justicia restaurativa’; por ejemplo, donde el ladrón de un celular paga a la víctima en especie, y ‘calabaza, calabaza, cada uno para su casa’. Una cosa es el quid de la simpatía doctrinaria y otra muy diferente, pensar que los ciudadanos son descerebrados, por aturdidos que estén unos. En serio, ministro Néstor Osuna, coja oficio y más bien, sea guardián de la Constitución. 

Otra pata que le nace al cojo en favor de los individuos sin escrúpulos, condicionando el deber ser de la Policía Nacional en cuanto al control de la manifestación pública, quedó plasmada en el Instructivo No.009, el cual parte de indicar que “las agresiones verbales deben ser toleradas por el personal uniformado…prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre que se afecta con las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas. Por ello no debe haber reacción ante tales injurias o calumnia» (SIC – Instructivo 009 del 25 de septiembre de 2022, Dirección Policía Nacional). Esta es otra perla de las múltiples que aparecen en el documento de diez páginas, lo que, a luz de la razón, poco honra el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. 

A la designación de embajadores sub judice se suma el decreto 1893 del 14 de septiembre de 2022 por medio del cual se nombra a Verónica del Socorro Alcocer García, esposa del presidente Gustavo Petro, “Comisiónase a la doctora Verónica Del Socorro Alcocer García, como embajadora en Misión Especial, entre el 17 y el 30 de septiembre de 2022 (14 días), a las ciudades de Londres, Reino Unidos de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte; Nueva York, Estados Unidos; y Tokio, Japón, con el fin de participar en el funeral de Estado de la reina Isabel II, en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas y en el funeral de Estado para el ex Primer Ministro Abe Shinzo” (SIC – Decreto número 1893 del 14 de septiembre de 2022, Ministerio de Relaciones Exteriores) ¿Amerita un análisis de sensibilidad, espectral o un estudio detallado? ¡Nos creen pendejos! Verdad sabida y nada de buena fe guardada en el proceder de este gobierno con pretensión mesiánica.