El alcalde Édgar Augusto Gallego y dos funcionarios más de su administración, fueron cobijados con la medida de aseguramiento por falsedad de documento e intereses indebidos por un contrato en el 2020, para la atención durante la emergencia por la pandemia del COVID-19.
Gallego venía de ser cobijado con medida no privativa de la libertad desde que comenzó el proceso judicial. Pero este domingo 17 de septiembre se conoció que un juzgado de Antioquia revocó esa decisión, lo envió a casa por cárcel y también a dos de los funcionarios involucrados en la investigación.
Esta es la tercera ocasión en los últimos años que un mandatario de Barbosa es enviado a la cárcel, ya que en abril de 2021 condenaron al exalcalde Edison García Restrepo a 71 meses en prisión por los delitos de prevaricato por acción, cohecho propio, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de servidor público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que Hernando Alonso Cataño fue sentenciado por peculado por apropiación y falsedad ideológica
Según medios como Alerta Paisa y RCN Radio, el Juzgado 2 del Circuito Penal de Girardota le dictó casa por cárcel al mandatario y otros dos funcionarios, de nombres Lorena Torres y Rogelio Córdoba, por falsedad de documento e intereses indebidos para la alimentación de las personas más necesitadas.
Por otro lado, la Procuraduría indicó que el acusado suscribió un contrato para desayunos, refrigerios, almuerzos e hidratación en la emergencia sanitaria y cuyo convenio fue con una persona de un establecimiento comercial que no podía contratar con la administración, al parecer, porque lo apoyó en su campaña.
Desde el 30 de julio de 2020, cuando apenas llevaba siete meses en el cargo, el alcalde de Barbosa fue judicializado por la Fiscalía que lo acusó de presuntas irregularidades con un contrato para la atención de los habitantes más necesitados durante la pandemia del COVID-19.
“La investigación estableció que el convenio contemplaba capacitación para la prevención de la enfermedad y la compra de insumos como guantes, tapabocas y gel antibacterial, entre otros, con un contratista que, al parecer, carecería de idoneidad para celebrar el convenio”, decía el comunicado del ente acusador.
Otro hecho que la Fiscalía resaltó en la investigación es que esos elementos adquiridos para la pandemia no solo tenían sobrecostos, también se evidenciaron problemas en los artículos y que no eran aptos para la atención de la población en el municipio.
“El Grupo de Tareas Especiales COVID-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de la Seccional Antioquia, de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que no solo se habrían registrado sobrecostos en los elementos adquiridos, sino que los productos adquiridos serían de mala calidad y otros no guardarían relación directa con el contrato”, señaló.
El comunicado de la Fiscalíafinalizó al decir que “la decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los procesados ante los jueces penales del Circuito” y que el mandatario, pese a sus intentos, ahora estará detenido en su residencia. (Con datos de Infobae).
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