Nuestra red de salud es un sistema facturador

Por Guillermo Mejía Mejía

Tres cosas importantes debemos reconocerle al ex ministro de salud de Colombia, Alejandro Gaviria, quien sin mucho aspaviento le metió la mano del Estado al sistema de salud.

La primera fue la creación de la Adres que es la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud, cuyo propósito es garantizar el adecuado y controlado flujo de los recursos.

Las EPS captan las cotizaciones de sus afiliados pero, sin retenerlas, las deben pasar de inmediato a esta empresa del Estado y así no se quedan con la plata de las cotizaciones.

La segunda medida fue imponer el control de precios sobre los medicamentos que eran cobrados en el país con sobrecostos cercanos al 500% sobre la media de los países iberoamericanos y así eran facturados al sistema general de salud o vendidos al público en las farmacias de barrio.

Y la tercera decisión fue presentar al Congreso Nacional el proyecto de ley, que posteriormente fue la ley estatutaria 1751 de 2015, que rescató el derecho a la salud como un derecho fundamental, pues solo así se consideraba por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y de los jueces que la seguían, como una extensión del derecho a la vida que consagra el artículo 11 de la Constitución Política. Los principios de esa ley parecen un poema.

Con estos tres instrumentos el Estado colombiano puede comenzar a enderezar nuestro maltrecho sistema de salud, que a partir de la ley 100 de 1.993, se convirtió en un excelente negocio.

Lo primero que hay que pensar seriamente por el Congreso, es modificar esta ley y terminar con la intermediación innecesaria de las EPS privadas pues con la creación de la ADRES su papel se torna ineficaz pues esta empresa del Estado puede pagar directamente a las IPS la prestación de sus servicios y crear un carné único de salud para todos los habitantes del territorio nacional.

Una EPS pública por departamento puede suplir perfectamente las varias privadas que lo que hacen es entorpecer con sus constantes negativas el derecho fundamental a la salud.

Sin acabar con las IPS privadas, el Ministerio de Salud y la Superintendencia deben prescribir y vigilar el sistema de facturación de estas entidades.

No se entiende cómo la mayoría de los usuarios se quejan de la negativa de las EPS a autorizar tratamientos de pacientes, rutinarios o costosos, y muchas veces del mal trato de las IPS, de los abusos de la facturación, de las deudas de las primeras para con las segundas y todavía nuestro sistema de salud sea atractivo para los inversionistas extranjeros.

Se acaba de conocer la negociación del grupo español Quironsalud para adquirir clínicas en Colombia entre ellas la Clínica Las Vegas, Cedimed y la del Prado en Medellín, el Centro Médico Imbanaco en Cali y la Clínica de la Mujer en Bogotá. Un mal chiste dice que primero los españoles se llevaron el oro y ahora volvieron por la plata.

Este grupo español, a su vez, pertenece a otra multinacional alemana conocida como Grupo Fresenius, el mayor grupo hospitalario de Europa y según informan los medios nacionales cuenta con una facturación cercana a los 33.500 millones de euros, aproximadamente 280.000 profesionales y presencia en 100 países. O sea que son inversiones especulativas que no tienen valor agregado, ni traen nuevas tecnologías y llegan directamente a facturarle al sistema de salud.

En síntesis, vamos a quedar rápidamente en materia de salud en el dulce regazo de multinacionales que no tienen alma ni tienen corazón.

Y en cuanto a los trabajadores de la salud el sistema es todavía más aberrante y desproporcionado. Hoy a la mayoría de los grandes medios les interesa más el salario de los jugadores de fútbol que el de los servidores de la salud que están arriesgando sus vidas por todos nosotros.

La ley 1751 de 2015 ya mencionada dice textualmente en su artículo 18 que “Los trabajadores, y en general el talento humano en salud, estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales”.

Esta ley cumple ya cinco años y fue revisada previamente por medio de la sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional, o sea que es cosa juzgada constitucional, y todavía la gran mayoría de los trabajadores de la salud siguen vinculados por el inhumano sistema de contratos de prestación de servicios que no genera estabilidad, ni prestaciones sociales, ni pago de la seguridad social que debe ser asumida por cada contratista.

En estos momentos de pandemia el Ministerio del Trabajo discute públicamente con las aseguradoras si el suministro de los equipos de seguridad para el personal de salud que atienden el coronavirus lo deben suministrar éstas o los empleadores. Discusión de negociantes no de gobernantes.

Nuestro sistema de salud es un negocio neoliberal deshumanizado en donde lo que importa no es la vida del paciente sino la rentabilidad que deja un tratamiento de cáncer, de una diálisis, o de un trasplante o cuánto se debe demorar un médico en una consulta, como si se tratara de un odioso sistema de tiempos y movimientos o lo peor, negar el derecho que tienen los médicos a su libertad de recetar porque de pronto el medicamento deja pérdidas. Si el tratamiento no deja ganancia lo más seguro es que sea negado.

En esta pandemia nos pasó como a Rusia en la Primera Guerra Mundial que la cogió con un ejército pobremente vestido, mal armado y con hambre. Si se aplica rigurosamente la ley 1751 de 2.015, estoy seguro que el sistema se puede enderezar. (Texto La ley 1751). De lo contrario seguirá siendo un hermoso poema.