Poe Francisco Becerra
Mientras nos divertimos con la telebobela del hijo crápula de Petro, hay Hechos que se van descubriendo y que, cada vez nos indignan más, como los que nos ha notificado el ministro del Interior, por medio de declaraciones recientes:
Primero: Existen ahora y han sido reconocidas por el gobierno actual, las autollamadas «Guardias Campesinas»; estas organizaciones tienen derecho a realizar «retenciones de personas, de soldados y de policías».
El MinInterior Prada asimila esas Guardias Campesinas a las también llamadas «Guardias Indígenas»; sin embargo, éstas son autoridades étnicas y solo pueden actuar en los resguardos indígenas.
En ninguna parte de la historia de nuestro largo proceso republicano se habían legalizado «Guardias Campesinas», darles facultades para «hacer cercos humanitarios” y, mucho menos, dar justificación para «retener» a ningún ciudadano.
Segundo: Prada justifica y hace alabanzas de las facultades que él le da a las «Guardias Campesinas», por solo «causar 3 muertes, en una situación que podría haber acarreado muchos más asesinatos».
Se convierte el MinInterior en adivino de cuántos muertos puede haber, si las legítimas autoridades actúan y cuántas son las muertes «aceptables», cuando se «retienen previamente policías».
Insólitas afirmaciones, apoyadas y aceptadas, por medio de convenio firmado por varios ministros del actual gobierno, al comprometerse a que no habrá consecuencias legales, contra los miembros de la «Guardia Campesina del Caquetá».
Esto que, parece una noticia falsa por lo increíble de lo expresado, es absolutamente cierto y existen documentos públicos al respecto.
El Derecho Humanitario establece que, toda «retención» contraria a la voluntad del retenido es violatoria a los derechos humanos y considerado secuestro, si median peticiones para su liberación; luego, lo que «legalizó» este gobierno es un secuestro masivo de policías y civiles.
¿Quedan permitidas las «Guardias de Pescadores, de Comerciantes, de Camioneros, de taxistas, de Juntas de Acción Comunal, de Obreros de la Construcción, ¿de Agricultores y de los LGTB? o, ¿solo están autorizadas las de Campesinos e Indígenas?
¿Con base en qué ley se dio derecho de intermediación a la «Guardia Campesina?
Quien a sabiendas se exceda en sus funciones legales, comete como mínimo el delito de prevaricato. ¿Habrá sanciones en esta aberración político jurídica?
Reitero que esto es de la mayor transcendencia institucional y puede ser el comienzo de una guerra interna entre «Guardias» por actividades, género, étnicas, etc.
Ñapa: Lo de los hijos de los presidentes viene de tiempo atrás; realmente, lo de la familia Petro es una continuación de ese tipo de abuso de poder. Ahí, como en casi todo, este gobierno, NO ES DE CAMBIO. (Opinión).
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