Los “superpoderes” de Petro para hacer lo que quiera con presupuestos de inversión

@petrogustavo

El Ministerio de Hacienda promueve un decreto que le permitirá al presidente dominar a su antojo autorizaciones de vigencias futuras, su reprogramación, y traslados presupuestales.

Unos “superpoderes” inconmensurables, debido a que él afirma que el presupuesto general de la Nación termina en manos de los más adinerados.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que conferiría al presidente Gustavo Petro facultades sin precedentes en la decisión sobre proyectos que comprometan recursos financieros de períodos futuros.

Este marco normativo, actualmente en etapa de comentarios públicos, propone que el presidente tenga la última palabra en las modificaciones presupuestales relacionadas con dichos proyectos.

El texto del proyecto especifica que, para proyectos de inversión, las entidades gubernamentales que forman parte del Presupuesto Nacional y que operan bajo la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional deberán, previo al concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), solicitar la confirmación presidencial en tres situaciones clave: autorizaciones de vigencias futuras, su reprogramación, y traslados presupuestales.

Esta medida significaría una centralización de la toma de decisiones presupuestarias en la figura del presidente, algo sin precedentes hasta la fecha en la legislación nacional.

“Cuando se trate de proyectos de inversión, las entidades que hacen parte del Presupuesto y que pertenecen a la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), deberán solicitar la conformidad del presidente”, dice el documento, donde se subraya la importancia de la supervisión y aprobación presidencial en el futuro manejo de los fondos destinados a proyectos de inversión significativos para el desarrollo del país.

Este proyecto de decreto introduce, por tanto, un cambio estructural en la forma en que se gestionan y aprueban los recursos destinados a proyectos de inversión de gran calibre, poniendo en manos de la Presidencia una responsabilidad adicional en la vigilancia y correcto uso de los presupuestos asignados.

El alcance de este decreto, también suscita preguntas sobre la separación de poderes y la descentralización de la gestión financiera en un ámbito gubernamental más amplio