Los primeros errores de Hidroituango

@EPMEstamosahi

Por Guillermo Mejía Mejía

El 18 de agosto de 1.969 el ingeniero José Tejada Sáenz presentó a la firma Integral un informe denominado “Memorando Preliminar sobre capacidad potencial y posibilidades del desarrollo escalonado del Cauca Medio”. En el documento el ingeniero Tejada propone la construcción de nueve represas escalonadas que comenzaban en el departamento de Caldas, en donde se encontraba ya una pequeña hidroeléctrica denominada San Francisco de propiedad de la Chec; adelante sugería otra en el sitio Bocache que toma su nombre de una quebrada que desemboca al Cauca; aguas abajo otra que también se denomina así por la cercanía a la quebrada llamada Vequedo; a continuación otra en La Pintada cerca a Farallones; kilómetros abajo Cañafisto, el proyecto de Isagen al que la Anla le negó la licencia ambiental con el argumento de que la obra impactaría gravemente el bosque seco tropical de la zona; luego vendría Pescadero en jurisdicción de Ituango; posterior estaría Bredunco, antiguo nombre del rio Cauca, cerca al corregimiento de Puerto Valdivia; la siguiente era Apaví, nombre de una quebrada, vecina del corregimiento de Puerto Antioquia y por último la presa Tamaná, ya más cerca de Caucasia. Finalmente fue Pescadero Ituango la escogida y ahí estamos.

El proyecto empezó a tomar forma en 1.995 en la gobernación de Álvaro Uribe con la constitución de la sociedad promotora en la cual participaba el Departamento de Antioquia, el Idea, Eade, Isagen, Integral y la Acic.

Inicialmente EPM no formó parte de la sociedad porque sus técnicos no creían en el proyecto y se sabe que el doctor Diego Calle Restrepo, gerente de EPM entre 1.976 y 1.985, llegó a decir “que él no toreaba el Cauca”. Fue en la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez que este, como presidente de la junta, sugirió la compra de acciones de la sociedad hasta llegar a tener la mayoría de su participación.

Por conversaciones entre EPM, ya en poder de la mayoría, hubo acuerdos con el departamento de Antioquia-Idea para que las entidades públicas tuvieran igualdad de participación y fue así como se nivelaron en un 44.47% cada una de las partes. El resto de las acciones quedaron en manos de particulares.

De ahí en adelante comenzó una puja secreta de las dos entidades, Departamento-Idea de un lado y EPM del otro, para tratar de hacerse a las acciones de los particulares y quedarse con la mayoría y el poder en la junta directiva de Pescadero Ituango posteriormente Hidroituango. En el año 2.008, la carrera la ganó el Idea, con su gerente Álvaro Vásquez, en una maniobra que se ha conocido desde entonces como la “toma hostil de Hidroituango”. 100 mil millones invirtió el Idea en la operación y eso generó debates en el Congreso, en la Asamblea y denuncias ante todos los entes de control y, desde luego generó malestar en EPM. Finalmente, en la composición accionaria quedó el Idea con el 50.74%, el departamento de Antioquia con el 2.15%, EPM con 46.5% y el 0.61% entre 27 accionistas.

Para la época era notorio en la opinión pública el afán del Departamento-Idea, ya con mayoría en la junta de Hidroituango, de acelerar el proyecto. El mayor logro fue conseguir que el Ministerio del Medio Ambiente, por resolución número 0155 de 30 de enero de 2.009, otorgara la licencia ambiental, un acto administrativo denso, en el cual, entre otras cosas, se dice que se realizó una audiencia pública ambiental cuya convocatoria se hizo por carteleras en los municipios influenciados por la obra, pero no dice el municipio donde se hizo la reunión ni qué se dijo en ella y si las comunidades estuvieron de acuerdo o se opusieron al proyecto.  Del acta de la audiencia se conoce que asistieron once alcaldes, el gobernador del departamento, el gerente del Idea, los representantes de Corantioquia y Corpurabá y 79 ciudadanos inscritos previamente, varios de los cuales no se presentaron a la audiencia y otros cedieron su participación a ciudadanos que no estaban inscritos.

Esta “audiencia” es uno de los argumentos que tienen los representantes legales de 10 ONG para la demanda de nulidad de la resolución 0155 de 2.009, que otorga la licencia ambiental, presentada ante el Consejo de Estado, entidad judicial que, mediante auto de la Sección Primera, del 30 de mayo de 2.018, le solicita a la Anla la “Certificación y soportes de la realización de la Audiencia Pública Ambiental para el Proyecto Central Hidroeléctrica Ituango en especial, el trámite de convocatoria, la fecha de realización, la disponibilidad de los estudios de impacto ambiental, su desarrollo, los participantes e intervinientes y su terminación”.

Digo que el mayor logro fue conseguir esta licencia ambiental porque, para la misma época, Isagen también tramitaba la licencia para el proyecto Callafisto, que queda entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia, una región muy similar a la de Hidroituango (entre uno y otro proyecto puede haber 80 kilómetros), que le fue negada en octubre del 2.015 por la ANLA, una dependencia del Ministerio del Medio Ambiente, con argumentos que bien pudieron haberse esgrimido para negarle la licencia a Hidroituango.

Una licencia ambiental demandada por ONGs que tienen origen en la zona afectada, que dicen estar perjudicados por la obra, no deja de ser una amenaza muy seria ante la evidente posibilidad de que el Consejo de Estado la anule por comprobarse que la audiencia ambiental no cumplió con los requisitos legales que esgrimió la Procuraduría General en su momento, entidad que la solicitó. Si bien esta omisión no es responsabilidad de Hidroituango ni de EPM, ni del Departamento, sí lo es del Ministerio del Medio Ambiente pues el gobierno nacional de la época tenía máximo interés en el proyecto hidroeléctrico.

Las relaciones de Hidroituango con el medio ambiente no han sido las más amigables pues el tercer túnel fue iniciada su construcción sin licencia ambiental y la carretera entre Puerto Valdivia y la presa también fue motivo de sanción por haber depositado escombros en sitios no autorizados.

Pero el peor error de Hidroituango fue haber suspendido la subasta pública internacional luego de que los pliegos fueron elaborados juntamente con el sistema financiero interesado en el proyecto, cuyo contrato se firmaría con el modelo conocido como BOOMT (construye, posee, opera, mantiene y transfiere), subasta a la cual se presentaron 18 empresas constructoras internacionales con experiencia en construcción de hidroeléctricas mayor que la de la misma EPM que a pesar de ser socio del proyecto se presentó como oferente, de las cuales finalmente calificaron siete.

Un exacerbado chovinismo, encabezado por el gobierno nacional de la época, dio como resultado que Hidroituango, de un tajo, suspendiera la convocatoria internacional y le adjudicara el contrato a EPM, a dedo. Si se hubiera seguido por el camino recto y no se hubieran burlado las reglas del juego de una invitación internacional, que deja muy mal parado al Estado colombiano, hoy tendríamos hidroeléctrica funcionando desde noviembre de 2.018, pues el modelo de contrato BOOMT implica que la obra se termine llave en mano para comenzar su operación.

El 4 de noviembre de 2.010, Hidroituango les comunica a los seis licitantes precalificados que la subasta se cerraba y que se había decidido trabajar con una empresa local y Odebrecht, uno de los licitantes, denuncia el hecho ante la Fiscalía General de la Nación.

Por esta decisión, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal por violación del estatuto contractual que ordena abrir licitación pública para cualquier obra que construya el Estado. Que se sepa, hay exgerentes de EPM y de Hidroituango a los cuales se les leyó escrito de acusación por celebración indebida de contratos. Ese proceso penal está en curso.