La investigación científica para elaborar rankings de escuelas, puede violar Derechos Humanos y normas éticas 

Por Enrique E. Batista J., Ph. D. 

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Los estudios científicos en educación, como lo es en general para todas las ciencias, deben estar guiados a asegurar el bienestar y el progreso colectivo mediante el entendimiento claro de factores y variables que afectan a los seres humanos en diferentes y distintas circunstancias. Este es el caso particular de los procesos formativos escolares, donde se requieren siempre conocimientos fundados sobre los múltiples factores que afectan los aprendizajes de los estudiantes. 

He señalado en otra oportunidad que tenemos un servicio educativo en el mundo que opera todavía sobre criterios empresariales de evaluación de productos para eliminar o excluir los que no satisfacen determinados estándares. En el caso de la educación, se refiere a la exclusión, mediante examinación, de los así llamados menos hábiles para reservar privilegios a aquellos que pueden satisfacer determinados requisitos de los sectores productivos, en lugar de una concepción de la educación que ayude a humanizar los sectores sociales, productivos y el mundo laboral, con formación que genere riqueza y progreso colectivo.  

La práctica generalizada en el mundo de examinar y asignar calificaciones y, peor, de asignar rankings a las escuelas, crea o conlleva implícita la intención de excluir, de segregar y de estigmatizar, aún más, a los ya excluidos y marginados. Lo cual es contrario al valor de alta significación social que consiste en la promoción y aseguramiento de altos niveles de logros cognitivos y afectivos entre aquellos a quienes el Estado y la sociedad, con reconocida, torcida, ilegítima y hasta infame omisión, no se les ha permitido, como si no fuese no un mandato y deber imperioso, social y político, tener acceso a una educación de calidad. 

Los estudios científicos en educación deben estar orientados a promover la calidad de la educación y a garantizar el derecho de todos a ella, sin que baste el simple acceso, sino la continua permanencia y el progreso individual y colectivo constante en los logros educativos.  No cabe la investigación científica para generar titulares, en variados medios de comunicación, si los esfuerzos no van guiados a conseguir que se garantice a todos, sin excepción, una formación escolar de alta calidad, en especial con criterios  de inclusión, equidad e igualdad, para aquellos siempre abandonados,  habitantes de la de las zonas y comunidades marginadas y de los grupos minoritarios tradicionalmente excluidos, como si  a ellos se les aplicase un sacro mandato de alguna rara divinidad superior.   

 Para saber a qué grupos y comunidades se le está negando el derecho a una educación de calidad, no se necesita ningún estudio; el resultado es bien sabido y la aberrante condición está sobre diagnosticada. El termómetro que se emplee en los estudios volverá a marcar la misma y bien conocida fiebre. 

Como referencia, se puede tomar un caso en Colombia, en dónde, en marzo de 2022, una cadena de noticias tituló (parece que, sin asomo de encogimiento, sentido de solidaridad o reato de conciencia, y también como un gran descubrimiento que merecía la ofensa pública de niños jóvenes y maestros), como noticia extraordinaria y llamando la atención de todos: «Atención: los 20 peores (sic) colegios públicos en Colombia. Estos son los 20 peores colegios públicos en Colombia, según un estudio de la Universidad Javeriana». Y, poniendo sal y limón en la muy abierta y dolorosa herida causada por la desidia estatal y la complicidad social, se agregó: «Por esa razón, con ese estudio, estos son los 20 peores colegios de Colombia, donde los que están son los de peor rendimiento y calidad». (https://rb.gy/m3atg). Otro anunciador de diferente agencia de noticia, con base en el mismo supuesto estudio científico, dejó entrever, como si el mismo fuese guiado sólo a la inutilidad de un ranking de las escuelas públicas, también con indolencia imperdonable: «Los 20 peores (sic) colegios públicos según la Universidad Javeriana». (https://shorturl.at/cmxL6).  

No se sabe si esa universidad avaló lo publicado; siendo una universidad de élite, podrá reconocer que esos maltratados estudiantes (y sus maestros) de los 20 colegios, muy posiblemente nunca llegarán a ser alumnos de ella. Pero, haría bien en reconocer, que con base en un estudio donde los titulares mencionados dicen «según un estudio de la Universidad Javeriana», podría reconocer el inmenso daño social y psicológico a aquellos señalados de ser los «peores». Sabemos que no está entre las altas funciones de una universidad someter al escarnio público y clasificar a algunas instituciones con el adjetivo calificativo de «peores». 

Ese desliz, si así lo fue,  resulta en un empleo no ético de los procesos y resultados de la investigación científica, la cual se concibe entre sus fines como transformadora de las condiciones del mundo que se estudia, con comprensiones que generan los  resultados que pueden coadyuvar a la superación de  las desigualdades, mejorar las condiciones de vida de los marginados y, en este caso, formular y acompañar y ejecutar fundamentadas propuestas de mejoramiento de los aprendizajes y, entonces sí, resaltar que aquellos abandonados a su suerte mejoraron sus  aprendizajes y se les garantizó su derecho a una educación con calidad, lejos de la exclusión y del señalamiento abiertamente impropio de que son los «peores».  

A todos será evidente que los criterios editoriales de medios de noticia concurrirían en evitar la discriminación y la reiteración del marginamiento de muchos  con bajos logros de aprendizajes que no son su culpa, sino resultado de la marginación y del atropello al derecho fundamental a la educación,  a los  aprendizajes de alto nivel y a la preparación para una vida social, personal y laboral en una sociedad democrática e igualitaria, lejos de cualquier concepción o pretexto investigativo  que pudiese estar focalizado en rankings que acentúan señalamientos y  la abierta discriminación de los ya excluidos, más aún cuando en los medios de exposición de los resultados, se registró bajo el estigma de que se encontraron a los «peores». Para llegar ahí, no se necesitaba, se reitera, ningún estudio: ya se sabe a quienes se le viola el derecho a una educación de calidad, equitativa e igualitaria para todos, como bien se prescribe en el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el cumplimiento de este es una obligación de todos los Estados.  

Si no se hace nada para superar la inequidad, el termómetro seguirá marcando lo mismo:  Niños, jóvenes y sus maestros discriminados, cercenados en su autoestima, estigmatizados como los «peores». Mejores suertes merecen la investigación educativa, el fin social de las universidades y el sano criterio de los tituladores de noticias. 

No es un uso propio de la investigación científica ranquear la desatención social, la marginación, la violación a los derechos fundamentales o describir grupos sociales con calificativos signados de valores negativo. Los estudios sobre aprendizaje escolar no pueden ser tratados como si fuesen estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.  

Y ahora, ¿quién reparará el inmenso daño hecho?  Los investigadores, la universidad implicada o los medios señalados deben todos concurrir con respuestas reparadoras del inmenso daño ya hecho. 

Podría existir, en el caso aquí presentado, un problema ético frente a las normas a la que nos sometemos los investigadores. Problema que no sólo tiene que ver con una concepción pedagógica atrasada sobre el papel y uso de la examinación, sino sobre el empleo que debe darse a la información que suministran los estudiantes y las instituciones educativas de modo desprevenido y de buena fe, pero que después es utilizada para marcar, a instituciones, a maestros y sus alumnos, con calificativos denigrantes de su dignidad y valía como seres humanos. Los niños no asisten a las escuelas para ser clasificados, ranqueados y estigmatizados.  

Las normas éticas de la investigación con seres humanos bien señalan que: «Conviene tener en cuenta que quienes realizan estudios con seres humanos, patrocinadores e investigadores, asumen toda la responsabilidad ética, científica y legal que implica la investigación». (https://shorturl.at/nqP35). El daño causado debe ser reparado. No existe en este escrito la intención de señalar culpables, sino de destacar la impropiedad cometida. Compete a los investigadores y a la universidad mencionada establecer si la titulación de la información fue o no una ligereza de los medios. Según se establezcan posibles responsabilidades, se debe proceder a la debida y oportuna reparación.