13 abril, 2021

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Hallazgos de la Contraloría de Antioquia en el contrato de Sergio Fajardo

@sergio_fajardo @FiscaliaCol 

Según un documento de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría de Antioquia , conocido por BLU Radio, en el contrato por los 77 millones de dólares se encontraron hallazgos disciplinarios, administrativos y se abrieron dos investigaciones preliminares desde el 2016, luego de analizar la denuncia interpuesta por el secretario de Hacienda de la administración de Pérez, Adolfo León Palacios.. 

Como se sabe, el aspirante a la presidencia en 2022, Sergio Fajardo Valderrama, será imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y la firma de un contrato de préstamo sin cumplir los requisitos legales cuando fue gobernador, informó ayer en la mañana la Fiscalía.  

“Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”, dijo Fajardo, de 64 años, en su cuenta de Twitter.  

“El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato”, explicó el organismo.  

Según un documento de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría de Antioquia , conocido por BLU Radio , se encontraron hallazgos disciplinarios, administrativos y se abrieron dos investigaciones preliminares desde el 2016, luego de analizar la denuncia interpuesta por el secretario de Hacienda de la administración de Pérez .  

En ese momento, dice el informe, no se encontraron hallazgos con incidencia penal. El punto clave de esas indagaciones preliminares es que concluyeron que, ese contrato, de acuerdo con el Parágrafo 1 del artículo 14 de la ley 819 de 2003, debió contar con una aseguradora que soportara el incremento de la deuda que podría ser causado por la volatilidad del dólar. 

“La Contraloría encontró que el departamento de Antioquia realizó una operación de sustitución de deuda pública en dólares y no contó con una adecuada protección de la deuda externa, como resultado de no haberle dado acatamiento a lo contemplado en el Parágrafo 1 del artículo 14 de la ley 819 de 2003, con lo cual se verá abocada en el transcurso de las siguientes vigencias a verse afectada por la volatilidad en las fluctuaciones de la tasa de cambio, ante el hecho de no contar con una cobertura de riesgo, dado que en cualquier momento pueden entrar en pérdidas por una sorpresiva devaluación de la moneda nacional. Lo cual con lleva a un impacto presupuestal que implica riesgos para la liquidez de los entes territoriales ante el incremento en el valor de la deuda”, dice el documento. 

Además, dice el documento, que el crédito obtenido con CorpBanca desde el momento del desembolso, hasta el 4 de octubre de 2016, presentó un incremento con respecto al desembolso inicial de $76’632.710, lo cual con lleva un impacto presupuestal que implica riesgos para la liquidez del ente territorial porque se aumentó la deuda.  

Así las cosas, explica el documento que si este crédito se hubiera asegurado tal y como lo establece la ley el mayor valor de la deuda causado por la volatilidad de la moneda extranjera hubiera sido asumido por la aseguradora y no por la gobernación como sucede actualmente. Dice la Contraloría que, por estos hechos, se toma la decisión de abrir una indagación preliminar de la cual, a la fecha, no se conocen resultados o si fue archivada. 

Finalmente, concluye la Contraloría que ese contrato de empréstito celebrado por la Gobernación de Antioquia con la Agencia Francesa de Desarrollo, no contó con una adecuada protección de la deuda, como resultado de no haberle dado cumplimiento a lo establecido en la ley y que esa situación generó un incremento de la deuda, que debido a la volatilidad de la tasa de cambio generó un mayor endeudamiento que hubiera podido ser asumido por la aseguradora, pero que debido a la falta de cobertura, la diferencia queda a cargo de la gobernación.