Gobierno nacional busca frenar actividades económicas en el Suroeste de Antioquia

@petrogustavo @MinAmbienteCo

El gobierno nacional, a través de una resolución del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscará ponerles freno a actividades económicas en 93,000 hectáreas del Suroeste Antioqueño.

Si la resolución en trámite se oficializa declarando la zona como protegida, se deberán tramitar sustracciones para el desarrollo de monocultivos, ganadería, minería, obras públicas, vías, entre otros.

Esto quiere decir que no habrá carreteras, ni obras de infraestructura, ni vías que puedan realizarse bajo un trámite de sustracción que puede tomarse años.

Es obvio que con la pretendida decisión arbitraria e inconsulta resolución de la ministra María Susana Muhamad González (foto) el valor de los predios tendrá un detrimento inmediato, con unas consecuencias impredecibles.

Dice que la resolución que”resulta pertinente y necesario contar con un instrumento jurídico que permita a las autoridades ambientales del orden Nacional y Regional avanzar hacia la implementación de medidas administrativas tendientes a la restauración, protección, conservación o preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. De la declaración y delimitación temporal una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en los municipios de Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia, Santa Bárbara (Antioquia), Riosucio, Aguadas (Caldas) y Mistrató (Risaralda).

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio deberá comunicar la presente resolución a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Parques Nacionales Naturales de Colombia, al Gobernador de Antioquia, a los alcaldes municipales de Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia, Santa Bárbara (Antioquia), Riosucio, Aguadas (Caldas) y Mistrató (Risaralda), a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria, y al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería -ANM-, para su conocimiento y fines pertinentes. (La resolución).