Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz advierte que poco se ha avanzado en la implementación de uno de los puntos más cruciales de lo pactado con la extinta guerrilla de las Farc: aquel que contenía un conjunto de acciones tendientes a proteger comunidades, excombatientes, líderes sociales y movimientos políticos alternativos.
“En términos generales podemos afirmar que (la implementación de) las garantías de seguridad no han logrado contener la violencia ni las amenazas contra los actores claves del proceso (de paz). Por el contrario, lo que encontramos en las regiones es el deterioro de las condiciones de seguridad y la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del Estado”, consignó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente informe titulado Las garantías de seguridad: una mirada desde lo local, desafíos para la protección de comunidades, líderes sociales y excombatientes.
El diagnóstico de la FIP es preocupante por cuanto el tema de las garantías de seguridad es uno de los aspectos más sensibles que contiene el Acuerdo de Paz firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, y que involucra no sólo a los excombatientes, sino a sus familias, así como también a líderes, lideresas sociales y autoridades étnicas de aquellas comunidades que por décadas estuvieron bajo el control de la guerrilla de las Farc y ahora afrontan las amenazas de grupos armados ilegales que buscan llenar el vacío que dejó su desmovilización y dejación de armas. (Lea el análisis).
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