Fiscalía General envía cuentas de Petro a la Corte Suprema de Justicia

La situación jurídica del senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro (foto), parece complicarse.

A los enredos nunca aclarados del “Petrovideo”, donde aparece el senador empacando dinero en efectivo en una chuspa plástica, se suman dos pagarés hallados por la Fiscalía General en un allanamiento a la residencia de Juan Carlos Montes, por la suma de 100 millones de pesos, uno de los cuales no fue reportado al Consejo Nacional Electoral.

La Fiscalía General le compulsó ese material a la Corte Suprema de Justicia, porque esta es el juez natural del senador Petro.

Juan Carlos Montes es amigo personal de Petro y era la persona responsable de manejar los recursos  de su campaña. Montes fue la misma persona que le entregó el dinero en efectivo a Petro, es la misma persona que al parecer le entregó el dinero en efectivo a Petro, acción que aparece registrada en el video que entregó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, en desarrollo del debate de control político al fiscal Néstor Humberto Martínez por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

La Fiscalía General emitió un comunicado, en el cual sostiene que “se trata de pagarés originales en poder de Montes, en los que constan préstamos de dinero en efectivo por valor total de $100 millones a favor de la ‘Campaña Petro presidente’, firmados por la gerente de la misma, señora Blanca Durán Hernández – en calidad de deudora-, a favor de la señora Blanca Azucena Mendoza –en calidad de beneficiaria prestamista-, de fechas 24 de mayo y 13 de junio de 2018” (Sic).

De acuerdo con la Fiscalía, uno de estos pagarés no fue reportado en los gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral.

“El pagaré de fecha 13 de junio no se encuentra reportado a la Organización Electoral en el Anexo No. 6.4 del Informe de Ingresos y Gastos de la Campaña Presidencial, según la información reportada en el aplicativo Cuentas Claras (Resolución 3097 del 2013 del CNE), que como medio abierto fue consultado por la Fiscalía. Por el contrario, el pagaré de fecha 24 de mayo sí obra en los informes que reposan en el Consejo Nacional Electoral”.

Desde agosto de 2017, la Ley 1864 que modificó el Código Penal  tipifica como delito la violación de los topes de campaña o su financiación con recursos prohibidos.