El ente investigador busca determinar si violó normas de financiación relacionadas con aportes desde el exterior.
Por Sylvia Charry, Blu Radio
La Fiscalía anunció que indaga penalmente a Blanca Durán (foto), gerente de la campaña “Agrupación Política Colombia Humana”.El objetivo es identificar si se violaron las normas que regulan la financiación de campañas electorales, específicamente, por presuntos aportes de empresas vinculadas con el exterior.
¿Y quién es esta mujer? Según consta en su hoja de vida, que es pública, es ingeniera industrial y activista de los derechos LGBT.
Durán fue la encargada del manejo de las cuentas.Aparece también que fue alcaldesa de Chapinero en la administración de Samuel Moreno y acompañó a Petro en la Alcaldía de Bogotá en el manejo del espacio público.
Según la Ley 1864 de 2017, de comprobarse una financiación ilícita el gerente de campaña incurriría en prisión de (4) a (8) años,multa de (400) a (1 .200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de su pena.
Los fiscales también indagan a los representantes de las empresas vinculadas al exterior que habrían aportado esos recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campaña electoral.
Según el ente acusador, la indagación se dio por una investigación trasladada por la Superintendencia de Sociedades,el 5 de junio de 2018, y por el Consejo Nacional Electoral, el 16 de julio de 2018.
Los fiscales también indagan a los representantes de las empresas que aportaron esos recursos, provenientes al parecer de fuentes prohibidas por la ley a campaña electoral.
Sobre la responsabilidad del entonces candidato Petro, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de justicia que es la entidad encargada de investigarlo por ser aforado.
Después de las indagaciones de los fiscales a los aportes realizados a la campaña, a través los documentos recogidos del CNE, la Fiscalía decidirá si llama a responder a Durán y a los aportantes.
Por ahora los investigadores se concentran en los documentos para identificar si las presuntas irregularidades son delitos.
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