Estos son los funcionarios investigados por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría

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En una rueda de prensa realizada esta tarde, los tres mosqueteros, el Fiscal General Francisco Barbosa, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba y el Procurador General Fernando Carrillo, dieron a conocer los nombres de gobernadores, alcaldes y funcionarios investigados por diversos presuntos delitos relacionados con la contratación del Covid-19.

Con relación a Antioquia anunciaron la suspensión de los alcaldes de Necoclí, Jorge Augusto Tobón Castro; de Barbosa, Edgar Augusto Gallego Arias y de Copacabana, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, e indagación preliminar a los alcaldes de Yondó, Saúl Rodríguez Giraldo, y al de Sabaneta, Santiago Montoya.

Sobre la Gobernación de Antioquia, el contralor anunció indagaciones Preliminares por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios.

También abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).

• La CGR ordena además procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones de la alcaldía de Girardot (Cundinamarca) y la Alcaldía de Chiriguana (Cesar).

• En forma simultánea, el organismo de control abre 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.

• Las Indagaciones Preliminares abarcan además las Gobernaciones de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño. (Lea la Fiscalía).

• La CGR ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones. (Vea comunicado).