Entre el delito y el pecado 

Por Guillermo Mejía Mejía 

En algunos casos la moral religiosa coincide con las leyes penales. En la mayoría de las veces esa coincidencia no se da. Hasta el Código Penal de 1.936, el adulterio, que es un pecado grave según la Iglesia Católica y muchas otras confesiones, se castigaba en Colombia y aun hoy en día en algunos países musulmanes, caso de Egipto, la infidelidad matrimonial es un delito.  

Las leyes mosaicas eran sumamente severas con el adulterio y la pena era la muerte para el que lo cometiera, hombre o mujer (Levítico 20:10). 

En el caso del aborto sucede que la mayoría de las religiones monoteístas e inclusive las orientales lo consideran un pecado grave y en el caso de la Católica hasta hace poco su perdón era reservado al obispo diocesano. El Papa Francisco autorizó a todos los sacerdotes a absolver este pecado en una carta apostólica emitida en diciembre de 2.015 

«Entrego de aquí en adelante a todos los sacerdotes, en virtud de su ministerio, la facultad de absolver a aquellos que han cometido el pecado de procurar un aborto«, señaló el Papa. 

En un trabajo realizado por la periodista Evangelina Himitian, publicado en La Nación de Argentina, el 21 de marzo de 2.018, hace una comparación entre los distintos credos religiosos con relación al tema del aborto: 

– la Iglesia Católica, los Mormones y los Testigos de Jehová no lo admiten aunque estos últimos llegado el momento del parto, en caso de riesgo, será la pareja quien decida si salvar al bebé o a la madre; 

-los evangélicos lo aprueban si hay violación; 

-los judíos lo aceptan si hay violación y riesgo de vida de la madre, pero lo debe autorizar un médico y un rabino; 

-Los musulmanes lo toleran si hay riesgo de la vida de la madre o malformaciones, pero debe existir un fallo de las autoridades religiosas y siempre que sea antes de los 120 días cuando se produce la insuflación del alma; 

-los armenios lo consienten si hay violación, riesgo de vida de la madre o en general riesgo para la salud; 

-los budistas aunque consideran que abortar es matar, dicen que es la mujer la única que decide y que ni el Estado ni la religión lo deben regular. 

El pecado se comete en la intimidad de la conciencia desde un mal pensamiento hasta el proceso del iter críminis para preparar un asesinato. Un mal pensamiento no lo puede reprimir el Estado mediante la ley penal pero un homicidio, que también viola el quinto mandamiento del decálogo, si se llega a ejecutar, lo penan los Estados, de acuerdo con su gravedad, hasta con la muerte, la cadena perpetua o penas muy altas de pérdida de la libertad. 

En otros casos lo que es lícito desde el punto religioso es castigado penalmente por el Estado. En 1.599 el sacerdote Juan de Mariana escribió un libro titulado “De rege et regis institutione”, dedicado al Rey español Felipe III en el cual sostenía que era lícito derrocar y matar al monarca si se convertía en un tirano y buscaba sus propios intereses. Hoy lo que predicaba el padre Mariana como lícito sería un crimen de Estado y los responsables serían juzgados por rebelión o asesinato. 

El médico ginecobstetra y PhD en Salud Pública de la Universidad de Antioquia Joaquín Guillermo Gómez Dávila sostiene que el aborto inseguro es un problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social.  

En un artículo de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología afirma “que entre el 20 y el 30 por ciento de las mujeres que se enfrentan a un aborto inseguro presentan infección de los órganos pélvicos y 8 millones alrededor del mundo sufren complicaciones que requieren tratamiento médico; de estas, 5 millones solamente tienen acceso al mismo, por lo que 47.000 mujeres fallecen cada año como consecuencia de complicaciones relacionadas de estos procedimientos”. (El Tiempo 22 febrero de 2.022). 

Lo que no está bien en este tortuoso proceso es que sea la Corte Constitucional la que actualmente legisle porque el tema de la vida y de la muerte (el aborto y la eutanasia) tiene que ser tratado en el órgano legislativo en donde se puedan discutir democráticamente las distintas posiciones jurisprudenciales, filosóficas y teológicas sobre asuntos de tanto calado social. 

En conclusión, el aborto es un pecado grave según las distintas creencias religiosas, pero a la vez es un problema de salud pública que el Estado debe resolver y despenalizar para evitar que las mujeres que se enfrentan a ese dilema, además del pecado, tengan que enfrentar la cárcel.