Por Jaime Jaramillo Panesso (foto)
La JEP, Justicia Especial para la Paz, tribunal extraordinario del capitulador Acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep, vive y pelecha en un castillo donde La Sultana Linares Patricia y su corte sin apelaciones, es la instancia de cierre del “conflicto armado” que pretende juzgar y sentenciar a los actores o partes que se enfrentaron (y seguimos enfrentados) durante más de medio siglo. La contradicción es entre unas guerrillas y el Estado y la sociedad democrática.
Durante varias audiencias públicas han comparecido ante el sultanato moderno, las víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Han narrado horribles torturas y condiciones en que fueron tratados por las Farc-Ep. Estos ciudadanos colombianos, militares y civiles, que purgaron un cautiverio inhumano y cruel, casi todos rescatados por la Fuerza Pública o por evasión, en su desgracia por lo menos conservan la vida, aún con serios traumas sicológico. ¿Qué pensar y pesar de quienes, además de estos maltratos, perdieron la vida por fusilamiento, enfermedades, torturas e inanición? Todavía las familias y los colombianos todos preguntan por los 857 desaparecidos en manos de las Farc de los cuales no dan cuenta ahora ni darán jamás. Basta que los criminales acepten los cargos y se allanen a los principios siempre burlados de no repetición y reparación a las víctimas, para que las JEP dicte sentencia y aplique las penas alternativas que no implican castigo alguno intramural. (Lea la columna).
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