El poder de la palabra: Amparo y solidaridad

Por Luis Fernando Suárez Vélez 

Gobernador encargado de Antioquia 

La Fundación del Español Urgente (la ONG creada por la agencia de noticias EFE y el Banco BBVA en Madrid para la protección del idioma), eligió en 2017 como la palabra del año, “Aporofobia”, un neologismo que había acuñado la filósofa española Adela Cortina para nombrar el miedo, rechazo o aversión a los pobres. La profesora Cortina develó entonces una gran hipocresía al explicar que el mundo no se debate tanto por la fobia a los extranjeros o a la diferencia de raza sino a los pobres. Es decir, que los migrantes son problemáticos y resultan una carga cuando son pobres. 

Una afirmación dura pero contundente que en la práctica se manifiesta también en el volumen. Los migrantes ricos, quienes tienen recursos, se incorporan rápidamente a las economías a las que llegan de manera individual y legal, generalmente en un viaje directo; no hacen ruido, ni se notan. Quienes deciden cambiar de país como opción de supervivencia, con la esperanza de buscar oportunidades que su nación no les ofrece, suelen hacerlo en conjunto, dando rodeos, usando rutas largas e inseguras. Son ellos los que necesitan apoyo, programas de protección temporal, asistencia médica y sanitaria, quienes requieren amparo y solidaridad.

Esa es la realidad que vivimos hoy en Necoclí y que otras veces ha ocurrido en Turbo. La de miles de migrantes que aspiran a beneficiarse del anuncio de los Estados Unidos de ampliar su programa de protección temporal contra la deportación de ciudadanos de seis países, entre los que está Haití, de donde proviene la mayoría de personas represadas en Urabá. Esa decisión del gobierno norteamericano más los controles de ingreso en Panamá, dejan pensar que la crisis de migrantes en nuestra región se extenderá un año o año y medio más. Una situación ante la que no podemos ser indiferentes, que debemos atender en unidad y con sentido de humanidad.

Implica enfrentar la situación desde diversas aristas, no solo como un asunto de seguridad o de trámites migratorios. Requiere aumentar los esfuerzos que ya hemos hecho para ampliar la capacidad de respuesta del Hospital San Sebastián, pero también acciones puntuales de aseo, recuperación y mantenimiento de las playas, así como garantizar el abastecimiento de agua y alimentos para quienes están de paso y para los habitantes de Necoclí. 

Obviamente hay que desplegar acciones conjuntas, binacionales, para procurar que el paso de Colombia a Panamá sea organizado, que los traficantes de personas no encuentren una oportunidad en la crisis humanitaria, que las redes de tráfico de drogas y de armas no se alimenten de la desgracia de otros; que lo irregular de la situación no sea festival para los ilegales. Controles y acompañamientos que deben ubicarse no solo Urabá sino en otras zonas del departamento y el país, antes de que los migrantes lleguen al golfo.

Entre tanto, en Necoclí hay que mantener la declaratoria de calamidad pública, y el apoyo del Gobierno Nacional con recursos del Sistema Nacional de Riesgo para afrontar demandas de alimentarios y servicios sanitarios, como el acceso al agua. Ese municipio que ha centrado su promesa de futuro en el turismo no puede convertir en desgracia la presencia de extranjeros. No podemos dejar que se convierta en una carga, pero tampoco debe dar lugar a la especulación o cualquier tipo de abuso o de explotación. Quienes han llegado y quienes vendrán merecen trato digno, ser mirados con solidaridad. 

La llegada y permanencia temporal de estos migrantes es un desafío que tenemos que afrontar desde el trabajo articulado de la institucionalidad como lo venimos haciendo. Por eso hemos reforzado la capacidad de atención del hospital que estaba abocado al desabastecimiento de insumos y medicamentos; se han hecho brigadas de acompañamiento psicosocial y se han adelantado jornadas de limpieza para controlar el manejo de los residuos y la amenaza de brotes de dengue y Covid. Mediante un plan de choque enfrentamos esas amenazas con brigadas en playas y barrios e intensificamos la vigilancia epidemiológica y sanitaria con el liderazgo de la Secretaría de Salud y Protección Social, a través del CRUE y el Programa Aéreo de Salud, además del apoyo local y de las empresas de aseo y servicios públicos. 

Nuestro compromiso político y ético es defender la vida, pero una vida digna. Eso entraña desafíos para una sociedad que siempre ha encontrado en la solidaridad un valor del cual sentirse orgullosa, pero implica corresponsabilidad de distintos niveles de gobierno y de varios Estados. Requiere trabajo en unidad, respeto y sentido de humanidad, que confiamos la gente de Urabá sabrá demostrar, si no la dejamos sola.