En informe anual de Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019 realizado por Trasparencia Internacional deja muy mal paradas a varias instituciones nacionales y, sobre todo, a la estructura democrática de la que el país se enorgullece. Según esa encuesta anual, el 40 % de los colombianos dicen haber sido tentados por un soborno a la hora de votar. No incluyen por supuesto los auxilios parlamentarios con los que se ejerce igual presión entre los congresistas para que voten por los proyectos de presupuesto. Por eso, tal vez, para el colombiano en general la entidad con más personas corruptas es el Congreso. Así lo creen el 64% de los entrevistados para el estudio.
De la misma manera no causa asombro pero si pesimismo creciente que se compruebe que las instituciones más propensas a pedir o recibir sobornos son la Policía (26%), los prestadores de servicios públicos (15 %) y los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil encargados de expedir los documentos de identidad. Más grave puede resultar aún que de ñapa a la mala fama que rodea al Congreso colombiano frente a la corrupción, el 55 % crea que la presidencia de la nación es igualmente corrupta, más que los jueces y magistrados (47%) y la Policía (42%).
Por donde se mire el país está tarifado. Conseguir un fallo favorable, lograr una demora en un proceso, saltarse un puesto en la fila o subirse al transmilenio sin pagar exige erogaciones del ciudadano. Y ni que decir cuando se inventaron las multas del Código de Policía y la perseguidera a los fumadores de marihuana. Somos un país acostumbrado a no creer en la honorabilidad de nadie. A presupuestar siempre una suma para lograr el objetivo ante el aparato del estado. Por eso, tal vez, nos resignamos a todo y nos dejamos conducir como borregos sin ser capaces de protestar.
REHABILITADO
En un fallo que no ha sido publicado ni comentado en la misma medida en que lo fue con aspaviento y todo cuando el Procurador Ordoñez sancionó por 18 años al Secretario General de la Presidencia de Uribe, la Sección Segunda del Consejo de Estado acaba de anular esa sanción y ha rehabilitado disciplinariamente a Bernardo Moreno Villegas para que pueda desempeñar funciones públicas. Como tal, entonces, Moreno que ha vivido 11 años esperando este fallo podrá ser nombrado en cualquier cargo por el presidente Duque (ministro o embajador) o podrá asesorar a la nueva mandamás de palacio, la señora Correa.
Leyendo cuidadosamente el fallo del 12 de septiembre del Consejo de Estado se entera uno que toda esa parafernalia que le montaron al cuyabro de Moreno Villegas era por haber estado averiguando, seguramente por instrucciones de su jefe el doctor Uribe, lo que él como secretario general de la presidencia tenía derecho de averiguar así sonara curioso: las relaciones de los magistrados de la Corte con un tal Ascencio Reyes, quien aparentemente les financiaba a los altos togados desplazamiento, almuerzos y francachelas.
Como Moreno Villegas no presentó demanda civil por ese tajo que le dieron en su vida y no cobró indemnización alguna, el proceso para aquí. Le resta empero usar el fallo para que la Corte Suprema, cuando aprueben la segunda instancia de los aforados, revise la condena que le pegaron en esa corporación por los mismos hechos sancionados equivocadamente por la Procuraduría y que lo llevó a la cárcel 7 años. No estaremos vivos cuando y a lo mejor ni uribistas habrá entonces. La justicia es lenta.
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