Las declaraciones del contralor Córdoba a Yamid Amat el pasado domingo en “El Tiempo” en vez de generar un apoyo unánime ante las gravísimas denuncias que allí se hacen, ha despertado un aumento en los resquemores de los gremios frente a la persona del Contralor y, muy extrañamente, frente a la posibilidad de que salga adelante la reforma constitucional que se ha abierto paso para dotar al control fiscal de herramientas y sapiencias. Muy probablemente el pereirano Felipe Córdoba no les caiga bien a los emperifollados Pepe Laufaurie o Santiago Castro con sus dichos montañeros “cada niño con su boleta”, “Zapatero a tus zapatos”, ”una cosa es guayo para jugadores y otra jugadores paraguayos”. Pero otra cosa muy distinta es defender el control preventivo que pide el Contralor y al que les queda muy pero muy feo a los gremios oponerse.
Bien lo explicó en el Congreso, y se lo aprobaron, no es lo mismo control preventivo para que expertos en la materia le digan a los contratistas y contratantes por dónde no deberían caminar, que control previo, que inevitablemente lleva a una coadministración y a unos manejos sancionatorios que paralizan cualquier ejecución de contrato y abren puertas a la extorsión y el menudeo. Pero en el afán de los gremios de defender lo privado y de no aceptar que nadie les advierta que un puente puede quedar torcido si emplean tal o cual material (como el de Hisgaura), andan con los pelos de punta porque la palabra “preventivo” va a quedar en la Carta y dizque le abre las puertas de nuevo a la corrupción o al exagerado poder para quien ejerza la Contraloría. Si no pueden precisar verbal y gramaticalmente la diferencia entre previo y preventivo en el contexto de la Carta, pues que lo garanticen en las leyes con las que deben poner a funcionar la nueva norma constitucional. ¿O si no para qué son las leyes?
Los rumores comenzaron a llegar primero por los lados de la Policía. Las declaraciones al aire de oficiales retirados afirmando que existía un engranaje para poder conseguir ascensos y traslados previo pago, impactaron en la opinión. Hasta ahora ninguna entidad investigativa ha mostrado resultados, pero ha tomado tanta fuerza que el cambio del Inspector General de la Policía parece confirmarlo .Por otro lado, a comienzos de semana la Fiscalía destapó otro cartel de uniformados, el del Ejército, donde previo pago también, se lograba modificar las hojas de vida de soldados y suboficiales para acelerar los trámites de retiro. Eso, unido a lo que ha venido destapando la revista Semana sobre el comportamiento de la alta oficialidad y estos días la determinación a ruego del Procurador de parar la licitación de Sanidad, une la candela al polvorín.
En la Policía, la llegada del general Salamanca a la Inspección General plantea dos hipótesis. La primera que el general Vargas, (yerno del general Serrano), que estaba a cargo de las investigaciones no puede arriesgar su hoja de vida ascendente que dizque lo lleva derechito a la Dirección Nacional y que quien debe afrontar el chicharrón es Salamanca, más mesurado y con menos ambiciones visibles que las de Vargas. La segunda, que efectivamente viene una purga que podría llevarse a muchos oficiales naranjistas por delante y el único capaz de enfrentarse a ese fantasma es Salamanca. En el Ejército, donde se desgrana mazorca hace semanas, es al revés. Todos esperan que a la Inspección General llegue un oficial que no tenga nexos con el Ejército, santista donde aprendían inglés, ni que haya obedecido como comandante de batallón las órdenes que Uribe daba como presidente saltándose los generales. Cualquiera que resulte siendo el desarrollo de los acontecimientos hay por lo menos esperanza que el rábano lo cojan, ahora sí, por las hojas.
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