@IvanDuque @PCG_COL @DefensoriaCol
No son de poca monta los proyectos que promovió el Gobierno en el Congreso y con su maquinaria bien aceitada logró que se los probaran.
Tal como lo critica el exvicepresidente Germán Vargas, más de 2.000 nuevos empleos se “crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de 700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría. ¿Cuánto va a costar? ¿No existen ya los personeros municipales?
La ley también crea nuevas plazas de magistrados y jueces itinerantes. El minhacienda dio concepto negativo a este nuevo gasto, pero al minjusticia le importó cinco y archivó la carta. ¿Y las promesas de austeridad? ¿Con qué cara nos van a presentar la nueva reforma tributaria?
En la Procuraduría se crearán 200 cargos nuevos más.
Continúa Vargas Lleras: “¿Y qué tal la reforma de la Procuraduría? Con la excusa de incorporar a nuestra legislación interna las recomendaciones de la Corte Interamericana, que prohibió sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, inició su trámite este proyecto. Lo primero sea decir que discrepo sobre la obligatoriedad del país de aceptar que esta corte esté facultada para reformar o interpretar con carácter vinculante nuestra Constitución. Yo creo que al igual que lo han hecho Estados Unidos y Canadá, deberíamos sustraernos de esta jurisdicción. Pero si decidimos acatar el fallo del caso Petro, pues bastaría con pasar a los jueces de la República el conocimiento de los procesos contra aquellos elegidos popularmente. Me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo, al crear en la PGN una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? Todo mal. La Corte terminará tumbando esta ley.
La Procuraduría General de la Nación y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año.
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