26 abril, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

El contrato con EPM fue sugerencia del presidente Alvaro Uribe: Alvaro Vásquez 

@EPMEstamosahi @Hidroituango 

La Fiscalía General de la Nación imputará a nueve personas por la emergencia de que se presentó en la Hidroeléctrica Ituango (Hidroituango) en Antioquia (Colombia) en 2018.  

Entre los imputados por la Fiscalía se encuentran el exgobernador Luis Alfredo Ramos y Álvaro Vásquez, exgerente del IDEA; el exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar, y el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Restrepo Posada por un contrato tipo Boomt entre Hidroituango y EPM. 

Este contrato Boomt fue firmado el 30 de marzo de 2011 entre la sociedad Hidroituango S.A., dueña del proyecto, y EPM Ituango S.A., contratista del proyecto. 

El exgerente del Idea, Alvaro Vásquez expidió un comunicado en el cual explica toda su actuación, y, entre otras cosas, afirma que el entonces presidente Alvaro Uribe recomendó que el contrato se firmara con EPM.   

Este es el comunicado de Alvaro Vásquez: 

A través de los medios de comunicación he tenido conocimiento de la imputación que la Fiscalía General de la Nación hará a mi nombre y de otros exfuncionarios que participamos hace más de 11 años en materializar para Antioquia el más grande proyecto hidroeléctrico del país. A la fecha no he recibido notificación alguna en los términos previstos por la ley. 

En concreto, señala el boletín de prensa de esa entidad que los exfuncionarios citados debemos responder por el supuesto delito de interés indebido en la celebración de contratos al haber participado directamente en la celebración y trámite del contrato denominado BOOMT, mediante el cual la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. entregó a la sociedad EPM Ituango S.A. E.S.P. la responsabilidad de realizar las inversiones para la construcción, montaje, operación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica. Según cita el mismo comunicado, el contrato que da origen a la intervención de la Fiscalía General de la Nación fue suscrito el 30 de marzo del año 2011 y en él el ente acusador aprecia vulneración a principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y en diferentes normas. 

En primera instancia es mi deber aclarar que no suscribí y tampoco participé directamente en la celebración del contrato que cita la Fiscalía, toda vez que, para la fecha de firma del mismo, habían transcurrido cinco meses de haberme desvinculado de la gerencia del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- que tuvo lugar el 30 de octubre de 2010. 

Sin embargo, fue de conocimiento público que los análisis y la preparación de todos los trámites que tuvieron que ver con la celebración de este contrato, contaron con la asesoría jurídica de prestigiosas firmas de abogados como son Prieto & Carrizosa Abogados y Brigard Urrutia, contratadas por la sociedad Hidroituango. 

La decisión de entregar de forma directa la responsabilidad del proyecto a EPM fue no solamente un reclamo de todas las fuerzas vivas del departamento, sino una sugerencia directa del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez en reunión celebrada en el Palacio de Nariño,  cumpliendo cabalmente para tal efecto, con las exigencias jurídicas de la contratación pública mientras simultáneamente se atendía la realidad económica que debía resguardarse para la protección patrimonial de los entes públicos involucrados en la transacción. 

La iniciativa por parte de la sociedad Hidroituango de publicar invitación internacional a empresas interesadas en ser precalificadas acreditando idoneidad técnica y financiera desde el punto de vista de acceso al mercado y de patrimonio que desearan participar en una eventual subasta para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico fue tan claramente entendida en su limitado alcance por las 16 empresas que a ella se presentaron, que ninguna hizo el más mínimo reclamo cuando se decidió no continuar el proceso. 

No obstante, lo dicho, atenderé puntualmente y con el mayor de los respetos las citaciones que los órganos judiciales me hagan para responder como lo he hecho de manera sistemática y permanente por todas mis actuaciones en el sector público de las cuales siempre he salido avante. 

En esta foto de la firma aparecen Alvaro Vásquez, Alonso Salazar, el exgobernador Luis Alfredo Ramos y el exgerente de EPM, Federico Restrepo Posada.