Despenalizar las drogas, un asunto medioambiental

@JDPalacioC 

Por Juan David Palacio Cardona 

Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

Los cultivos ilícitos destruyen la riqueza natural de Colombia. En cambio, una producción regulada contribuiría en forma decidida a preservar el patrimonio natural del país y su magnífica biodiversidad. 

Colombia es el país de la biodiversidad y el segundo más rico en recursos naturales en el mundo. Y aunque hoy en día estas cualidades excepcionales no se aprecian en toda su dimensión, en unos años más todos entenderemos su importancia. 

La sustentabilidad del planeta y de la humanidad está en cuenta regresiva debido al cambio climático. Y los países como el nuestro, que han sido privilegiados por la naturaleza, tenemos el deber de encarar con un sentido de urgencia esos desafíos. 

No es alarmista decir que estamos en un punto límite para tomar decisiones responsables y así preservar nuestra biodiversidad y recursos naturales.  

En Colombia hay 59 Parques Nacionales Naturales (PNN) que ocupan una extensión superior a 17 millones de hectáreas y los cuales albergan al 64,5% de los ecosistemas del país, según el último informe de ‘Parques cómo vamos’. Se podría decir que en cada uno de los rincones del territorio nacional tenemos oportunidades de ser competitivos desde lo ambiental, pero no hemos sabido diseñar una estrategia para lograrlo. 

Lo anterior se aprecia, sobre todo, en las áreas protegidas, que son zonas donde la presencia estatal es insuficiente y las estructuras armadas al margen de la ley, que promueven la siembra de hoja de coca y la producción de clorhidrato de cocaína, son muy fuertes. 

Este fenómeno siempre se ha abordado desde lo político y lo social –lo cual es imprescindible-, pero nunca desde lo ambiental, y es necesario hacerlo. 

El informe ‘Parques cómo vamos’ señala que en 15 de los 59 PNN hay cultivos ilícitos, lo que ha generado tala de árboles, alteración de corredores ecológicos y funcionales –con lo que se afecta la fauna silvestre- y la degradación del suelo y el agua por el uso de químicos para procesar y transformar la hoja de coca. 

El resultado ha sido un ecocidio que constituye una de las mayores desgracias de este país. Actualmente, 45 ecosistemas están amenazados por esta actividad ilegal que ningún país en el mundo ha podido combatir con eficacia porque la enorme rentabilidad que genera el negocio de las drogas es un incentivo perverso para su supervivencia. 

Frente a esta realidad, ¿por qué no evaluar la posibilidad de despenalizar el uso de la marihuana con fines recreacionales? 

En Colombia ya existe una ley de uso de cannabis: se utiliza para la fabricación de textiles, alimentos o bebidas a base de cannabis y para la exportación de la planta con fines medicinales. 

El negocio legal de las drogas es multimillonario y allí  nuestro país tiene un nicho de oportunidad. Procolombia estima que para 2030 el país puede estar exportando cannabis medicinal por 1.733 millones de dólares, un valor superior al de las exportaciones actuales de flores. Además, esta industria generaría 44.000 empleos en 2030. 

Ese es un paso difícil, pero posiblemente va en la dirección correcta y es una alternativa a una política prohibicionista que cumplió 50 años en junio pasado y que ha fracasado. 

En gran parte de Estados Unidos el cultivo, consumo y comercialización de marihuana –para fines medicinales y recreacionales— son permitidos. Y México y Uruguay han despenalizado su uso recreacional. ¿Por qué no hacerlo nosotros? 

¿Y por qué no pensar, también, en la producción legal de coca con fines medicinales, como otro paso en contravía de la fracasada guerra antidrogas?  Esta lucha ha causado miles de muertos en el país y la coca ha sido el combustible del conflicto armado. Además, la estrategia contra las drogas, que aquí se implementó hace 20 años, no ha funcionado, no solo en términos de pérdidas de vidas sino de degradación ambiental. 

Los cultivos ilícitos destruyen la riqueza natural de Colombia. En cambio, una producción regulada contribuiría en forma decidida a preservar el patrimonio natural del país y su magnífica biodiversidad. 

En mi caso puedo encontrar una contraposición entre mis ideales y lo que aquí propongo, puesto que un tío se perdió en la desgracia de las drogas. Es algo que viven muchas familias y fui testigo, siendo un niño, de lo que eso significa. 

Crecí pensando que este “negocio” se debía atacar sin ceder ni un centímetro. No obstante, hoy creo fielmente que la vida debe conservarse en todas sus expresiones y, como un adulto de casi 34 años, con una mayor consciencia, sé que los animales, la selva, la tierra, sus recursos naturales, el agua, hacen parte de esa existencia que debe protegerse. 

¿Acaso no merecen el mismo cuidado que los humanos? Para algunos, esta analogía puede ser absurda. Para otros, en especial para las nuevas generaciones de colombianos que crecen con una mucha mayor consciencia medioambiental, podría ser lógica. Pero más allá de estas posiciones, estoy convencido de que no es razonable que siga existiendo un negocio tan lucrativo para grupos ilegales que llenan de violencia a nuestro país y degradan el medio ambiente. 

Y para que estos actores no existan es necesario pensar en la despenalización de las mencionadas sustancias, al menos para fines medicinales. Cuando en Estados Unidos terminó la prohibición del alcohol, en 1933, las mafias dejaron de manejar ese comercio. 

Es una idea y es necesario soñar, pero para lograrlo también soy consciente de la necesidad de que se convierta en una política no solo del Estado Colombiano si no del mundo entero, acompañados de Europa y del país del Norte principalmente. Por eso considero que el negocio de algunas economías hoy ilegales, como es el de las drogas, hay que despenalizarlo y regularlo. Así le quitaríamos al crimen organizado una fuente inagotable de rentas ilícitas, a la vez que disminuiríamos su posibilidad de seguir desangrando -social, moral y ambientalmente- a nuestro país.