El movimiento Pueblos Libres Unidos por Colombia, que dirige el empresario Héctor Hoyos, y con el apoyo de más de 30 grupos cívicos y tanques de pensamiento, promueve una reacción y protesta cívica en contra de la invasión ilegal de tierras.
El texto del mensaje de protesta es el siguiente:
Conciudadanos:
1. Los suscritos ciudadanos, empresarios, dirigentes, veteranos y Reserva de la fuerza pública, grupos cívicos, gremios y organizaciones de la sociedad civil, manifestamos nuestra solidaridad con los empresarios del campo frente a las invasiones ilegales de tierras que vienen ocurriendo en el país. Celebramos, además, la solidaridad de los propietarios para acompañar a los afectados y apoyamos a las autoridades en el cumplimiento de la ley.
Los empresarios del campo han venido trabajando con el gobierno nacional en cumplimiento de su voluntad de ofrecer tierras para que un gran número de campesinos sean propietarios.
Exigimos que las entidades del estado procedan con diligencia en ejecutar las adjudicaciones correspondientes y en hacer uso de las herramientas constitucionales y legales que permiten una reforma agraria integral, sin necesidad de agitar peligrosamente expresiones que provoquen vías de hecho o violentas.
En efecto, descalificaciones contra los medios de comunicación por parte del Jefe de Estado, suscitaron el ataque criminal contra la Revista Semana que toda la sociedad colombiana rechaza.
Por lo anterior demandamos del gobierno nacional mensajes claros de respeto al estado de derecho, a la propiedad privada y a la libertad de prensa, amparados en nuestro ordenamiento constitucional.
2. El respeto al Estado de Derecho es la condición necesaria para el entendimiento y la armonía social, es fundamento de la paz, de las libertades y de nuestra democracia, por lo cual, no solo el gobierno de turno sino todas las instituciones de la República tienen que tener un compromiso ineludible con el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con la Constitución y la ley.
Por esa imperiosa obligación de los funcionarios del Estado, y ante las abundantes pruebas reveladas por diferentes fuentes con relación a la financiación de origen ilegal, de la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Francisco Petro, y por consiguiente, el monto de recursos gastados en exceso de los topes electorales, demandamos de las autoridades el pronto esclarecimiento de estos hechos en el Consejo Nacional Electoral y el debido curso a las demandas interpuestas de los mismos, ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Se trata nada menos que del respeto y la protección de la Institución de la Presidencia en nuestra República de Colombia, para continuar con la muy extensa tradición democrática que engrandece al pueblo colombiano; y se trata también, de consolidar la paz y el progreso de los colombianos.
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