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La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia entró a estudiar una queja disciplinaria contra la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, por su presunta responsabilidad “frente al régimen disciplinario de los servidores públicos”.
El caso se produce por su decisión que suspendió provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero y al de Ibagué, Andrés Hurtado, por presunta participación en política.
La queja fue presentada en la Corte Suprema por Camilo Alberto Enciso, Director Instituto Anticorrupción; Douglas E. Lorduy; León Valencia, Representante Legal Fundación Paz y Reconciliación; y Nicolás Díaz, Representante Legal del Instituto de Política Abierta.
La Corte Suprema debe determinar si Cabello tendría o no competencia para “restringir los derechos políticos del alcalde” o si es competencia de un juez, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
“La Procuradora General de la Nación ha violado las órdenes impartidas al Estado colombiano (…) atribuyéndose facultades que en la actualidad usa en contra de funcionarios de elección popular”, se indica en el documento.
Piden en este documento suspender del cargo a Cabello y eventualmente sancionarla con una destitución.
«Es evidente que, de no decretarse la suspensión provisional, la Procuradora continuaría afectando el interés general al violar las disposiciones consagradas en tratados internacionales vinculantes para el país, induciendo la responsabilidad internacional del Estado colombiano y vulnerando los derechos políticos”, se lee en el documento.
Más adelante advierten que, “las disposiciones legales, en torno al control mismo de la oficina de la Procuraduría, hacen de la Corte Suprema de Justicia y de la medida de suspensión provisional los únicos preceptos normativos válidos para impedir la repetición de actos contrarios a los derechos fundamentales y a tratados internacionales vinculantes”.
La procuradora Margarita Cabello ha dicho en diferentes escenarios que sí tiene la facultad de emitir ese tipo de decisiones contra funcionarios de elección popular, porque el nuevo Código Disciplinario le dio facultades de juez.
Ha sostenido, además, que esa norma está en revisión de demanda, por parte de la Corte Constitucional, y que hasta que no haya un fallo de fondo su competencia se mantiene.
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